El Consell de Ibiza, con competencias plenas en materia de turismo y de territorio, no sabe aún cómo actuar contra la casa-patera de Sant Antoni donde se alojan 110 personas, pese a tener cédula de habitabilidad para una sola familia. Así se desprende de las explicaciones dadas ayer por el director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, al ser preguntado por los informadores.
«Primero se ha de demostrar que aquello es un uso turístico», afirmó Torres, quien dijo que no es suficiente que quienes se alojan allí pasen sólo unos pocos días. «El Consell tiene un expediente iniciado desde hace tiempo, pero se ha de demostrar que se realiza una actividad turística. De hecho, el propio titular ha dicho que no era una actividad turística», añadió.
El hecho de que las estancias de los alojados sean de unos pocos días y que éstos tengan todo el aspecto de turistas no basta para considerarlo un uso turístico. Torres explicó que un recibo emitido por el responsable de la empresa a uno de sus clientes va a nombre de una empresa embotelladora de bebidas y el concepto del recibo es por «renta», no por alquiler. «Si no lo comercializas como turístico y tienes un contrato de arrendamiento urbano ¿cómo puedes tipificar la actividad como turística?», se preguntó Vicent Torres.
Sobre la sensación de impunidad que provocan este tipo de situaciones, el director insular de Turismo se escudó en «la ley actual». «No podemos cambiarla, lo estamos diciendo por activa y pasiva. Necesitamos que se modifique esta ley, tanto la de Turismo de Balears como la de Arrendamientos Urbanos», señaló.
Así es el interior del chalé patera
Vicent Torres puso también como ejemplo de esta situación Casa Lola, en el municipio de Sant Josep, donde «hay iniciados expedientes por infracción turística, pero has de poder demostrar esas infracciones», reiteró.
Intervención de Hacienda
Sobre la posibilidad de actuar por la vía urbanística, el director de Turismo admitió que el Consell tiene competencias en la materia, pero recordó que «también las tiene el Ayuntamiento y las tiene Hacienda». «¿Paga impuestos este señor? Hay que ver el lucro de esta persona con esta actividad ilegal», afirmó.
Tras darse a conocer este caso por un programa de televisión, el presidente del Consell, Vicent Torres Guasch, afirmó que la institución «no tolerará» la continuidad de este establecimiento y consideró necesaria la intervención de la Policía, porque «no se sabe quién puede estar ahí». También consideró el presidente que este caso «pasa de castaño oscuro».
En cambio, el propietario de la casa y explotador del negocio, Agustín Sales, no cree que le vayan a cerrar la actividad, si bien teme algún tipo de intervención por parte de las Administraciones.
Se da la circunstancia de que en febrero de este mismo año, el Ayuntamiento de Sant Antoni realizó una inspección a esta vivienda y el celador municipal emitió un acta donde ya constataba la existencia de 35 habitaciones, según el propietario, aunque en realidad son 50.
A raíz de esa visita, el Consistorio abrió un expediente, que sin embargo se ha visto reactivado tras divulgarse los hechos a través de un programa de televisión de gran audiencia, donde también se divulgaron otros casos de alojamientos ilegales durante el verano.
