La diputada de Formentera, Sílvia Tur, presentó ayer una iniciativa que ha registrado en el Parlament con el apoyo de Més per Menorca en la que reclama a las instituciones y a las compañías navieras que operan en Balears, y especialmente entre las Pitiüses, «un mayor esfuerzo para dar cumplimiento a las directivas europeas y la normativa estatal que amparan los derechos de los pasajeros con discapacidad en cuanto al transporte marítimo».
La diputada presenta ahora esta proposición no de ley porque el Govern está redactando la modificación de ley balear de accesibilidad, aprobada en 1993. Esta norma fija los criterios técnicos que debe cumplir el transporte público en relación a este colectivo, aunque hasta ahora ha dejado de lado los derechos de los usuarios del transporte marítimo.
Importante colectivo
Las personas con movilidad reducida son un importante colectivo en las Pitiüses, muchas veces silencioso, y que se enfrenta a diario a toda una serie de obstáculo si quieren moverse con autonomía e independencia. En Balears hay reconocidas 11.393 personas con movilidad reducida. En Eivissa residen 720 personas y en Formentera, un total de 70.
Estas personas se enfrentan a innumerables problemas a la hora de superar barreras arquitectónicas y otros obstáculos relacionados con la dificultad del acceso a la información, en este caso para las personas con discapacidades sensoriales o cognitivas.
Normativa actual
La normativa sólo obliga a las compañías navieras a disponer de una embarcación adaptada a las personas con discapacidad. Así, en el caso del tráfico marítimo entre Eivissa y Formentera, se considera que es suficiente el hecho de que sólo cuatro, de un total de una quincena de embarcaciones que pueden llegar a operar la línea en los meses de temporada alta, cumplan los requisitos para garantizar un servicio adecuado para las personas con movilidad reducida.
Sílvia Tur recalcó en rueda de prensa que las asociaciones que representan a las personas con algún tipo de discapacidad se han hecho eco de denuncias de usuarios que constatan las dificultades que le representa hacer uso del transporte marítimo con respecto al aéreo.
La principal reclamación de las asociaciones se dirige a los operadores y responsables de los servicios en tierra; a la adaptación de las terminales portuarias de pasajeros, y a disponer de servicios auxiliares de acompañamiento y traslado entre terminales y puntos de embarque de forma similar a como se hace en el transporte aéreo.
Compromiso de las navieras
También se pide en esta iniciativa un compromiso de las compañías navieras para ampliar la adaptación de las flotas más allá de lo previsto en la ley, que el colectivo de personas afectadas considera insuficiente.
Sílvia Tur estima que estas demandas «son legítimas» y por ello pedirá en el Parlament el apoyo de todos los grupos para trasladar a las diferentes instancias las reivindicaciones de los pasajeros con algún tipo de discapacidad.
La diputada explicó que espera lograr el máximo consenso ya que en los puntos que se votarán en el transcurso de las próximas semanas en el Parlament se solicita «al Govern integrar la normativa de aplicación sobre la accesibilidad en el transporte marítimo en la futura ley autonómica de accesibilidad, considerando el carácter de transporte público indispensable, que en la práctica supone este medio para una parte importante de la población».
Cuando esta integración de la normativa se haya llevado a cabo, la propuesta reclama que el Govern «lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en el conjunto de las instalaciones y servicios para el transporte marítimo de pasajeros en el ámbito competencial de los puertos de Balears».
La iniciativa también insta a la Autoridad Portuaria de Balears a «llevar a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en el conjunto de las instalaciones y servicios para el transporte marítimo de pasajeros en el ámbito competencial de los puertos estatales de Balears.
Además, la diputada de Formentera solicita a las capitanías marítimas su colaboración para garantizar la adaptación de aquellas embarcaciones que no estén obligadas a pasar sus inspecciones, y en general para controlar los accesos de los barcos.
