«Hay entre 50.000 y 60.000 personas en la isla que no sabemos dónde se alojan»

Sí tiene San Esteban una vaga idea de dónde pernoctan esas personas: «En cabinas de barco, en rulottes, en camas individuales» en pisos patera... La lista es larga y es el resultado de la presión turística que sufre Ibiza en un verano «de prestado», porque llega a la isla mucho visitante que evita la inestabilidad de otros destinos turísticos.

Ese efecto negativo de la oferta turística ilegal no es el único. San Esteban puso el acento en la «competencia desleal» que sufre su sector. Los intrusos no pagan impuestos ni están asegurados ante cualquier percance y a menudo «se desentienden del cliente». Por ello el presidente de AVAT instó a tomar medidas a las administraciones para obligar a registrarse y aportó el ejemplo de Catalunya y Valencia, donde a la oferta ilegal se la persigue obligando al propietario sospechoso «a demostrar que alquila legalmente». «La competencia es buena, pero regulada», aseveró.

Junto a él estaba el administrador de la Agencia Tributaria (AEAT) en las Pitiüses, Vicente Arbona, quien, para intranquilidad de la oferta clandestina anunció que los inspectores están «en el punto álgido» de comprobaciones, el mayor número desde que llegó a la delegación, en los años 90. También cuentan «con más recursos que nunca» para contrastar que se declaran las rentas por esos arrendamientos y que cuentan a su favor «con un plazo largo» para esa tarea: los cuatro años del plazo de prescripción. De hecho, informó que se están «comprobando alquileres de 2011» y «pronto» empezarán con 2012. Advirtió, por ello, de que no van a dejar de perseguir el fraude: «Tenemos tiempo, medios y personal cualificado».

Arbona admitió que «constituir la prueba» de la infracción es largo, pero ello se orienta a que «al contribuyente no le genere indefensión». Si se confirma el fraude, se le requerirá para ponerse al día con el fisco -aunque si es un caso difícil de probar se opta por la inspección-, pero «eso no ... , con multas que van del 50% al 150% de lo ingresado», tuvo que aclarar después.

Para detectar fraudes también ha resultado ser una herramienta muy útil la denuncia de los vecinos, «que puede ser anónima». Arbona asegura que «han proliferado bastante», sobre todo en arrendamientos turísticos, porque a menudo son inquilinos «molestos». El administrador de la AEAT en las Pitiüses añadió, de todas formas, que «tributa igual una renta obtenida por un arrendamiento reglado que no reglado». De hecho, para el fisco «es intrascendente» si en estos pisos se cumple la legislación.

El jefe del departamento de Consumo del Govern, Jesús Cuartero, apuntó que gracias a la coordinación con otros departamentos de consumo europeos tienen constancia de que los turistas «reclaman mucho» de vuelta en sus lugares de origen tras pasar una estancia en las islas.

Cuartero dijo que «el talón de Aquiles del consumidor es la prueba». Y demostrar un abuso «sobre todo cuando ya ha pasado» es aún más complicado. En el alquiler de una vivienda, para que intervenga su departamento, además se ha de probar que hay «una actividad empresarial», porque si el arrendamiento lo hace un particular, el inquilino «no es un consumidor».

«Las leyes del mercado no están por encima de las del Parlament», afirmó en su intervención para justificar una intervención que impida de saturación como el que produjo «la burbuja inmobiliaria», que cree que hay que evitar en el arrendamiento turístico: «El mercado es ciego y ahí se produjeron pisos a ciegas», recordó. También pidió que la ley esté bien dotada, porque España «es un país con muchas reglas que luego no se cumplen».

El gerente de la Federación Hotelera (Fehif), Manuel Sendino, por su parte, se mostró «radicalmente» en contra de la legalización de los pisos turísticos. Pero en todo caso, si esta se lleva adelante, exigió que se someta a esta oferta «a las mismas reglas» y recordó que gracias a la ley de 2012 que legalizó las viviendas turísticas, esta oferta ya supone el 16% del total y «ha invadido el medio rural». Apuntó que existen 240 normas que regulan el sector hotelero y por ello reclamó que «se desregule».

Las viviendas han entrado en el mercado sin merma de clientes para los hoteles: «Veremos cuánto tiempo sigue así», dijo Sendino, que también se opuso a legalizar esta nueva «competencia desleal», porque compite en el mismo mercado «con regulaciones distintas». También reclamó que se ponga a las plataformas tecnológicas como AirBnB «al servicio del cumplimiento de la ley».