Los esfuerzos de los vigilantes del Parque Natural de ses Salines por evitar los fondeos ilegales sobre las praderas de Posidonia oceanica no parecen ser correspondidos por la Administración autonómica, que deja prácticamente impunes los daños que se ocasionan a este tesoro declarado Patrimonio de la Humanidad.
Esta es la conclusión que se desprende de la información facilitada a este diario por la directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern, Caterina Amengual, quien confirmó que, en lo que va de año, su departamento no ha abierto aún ningún expediente sancionador por las denuncias recibidas. Además, estas sanciones suelen considerarse de carácter leve y no pasan de los 500 euros y, encima, los barcos con patrones extranjeros -la mayoría- suelen eludir el pago de las sanciones.
La conselleria de Medio Ambiente del Govern es la directa responsable de la gestión del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, pues así lo establece la ley. Sin embargo, el departamento que dirige Vicens Vidal no logra ejercer una política sancionadora que juegue un papel disuasorio para los infractores.
Los cuerpos y administraciones que formulan directamente las denuncias en la zona protegida (empresas privadas, Seprona, GEAS y agentes de Medio Ambiente) envían estos escritos a la conselleria y allí han de tramitarse. Aunque en lo que va de año ya se han denunciado al menos una decena de fondeos de barcos sobre posidonia, la conselleria dice haber recibido sólo dos denuncias, sobre las cuales, además, aún no ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores, admitió la conselleria. Este departamento cree que a las dos denuncias recibidas se sumarán más en los próximos días, ya que «suele transcurrir algún tiempo entre que se interpone la denuncia y llega a la dirección general de Espacios Naturales».
100 euros por arrasar posidonia
Además de no haber iniciado aún ningún expediente sancionador, las multas que se imponen cuando finalmente se resuelve alguno son puramente testimoniales. Así lo demuestran las sanciones acordadas por fondeos ilegales en ses Salines de Ibiza y Formentera en 2015, cuando se multaron a siete barcos en total. Las sanciones fueron calificadas de leves y su cuantía osciló entre los 100 y los 500 euros, siempre según los datos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern.
Sin embargo, ni siquiera se logra cobrar siempre esas exiguas cantidades. «En muchos casos de patrones extranjeros no se puede ejecutar el constreñimiento (y, por tanto, cobrar) por tratarse de individuos que se encuentran fuera de las bases de datos personales nacionales», explicó la conselleria. De hecho, Medio Ambiente desconoce cuántas de las multas que impone acaban cobrándose realmente, puesto que se tramitan a través de la conselleria de Hacienda.
Ocho lanchas en la zona
En la actualidad, dos empresas privadas (Pitiusa de Ecología y CBBA) mantienen desplegadas en Formentera cinco lanchas con otros tantos vigilantes que se encargan de informar a los patrones de barcos y, llegado el caso, de avisar a las fuerzas de seguridad para que cursen denuncia a los infractores. El Consell de Formentera tiene una lancha y la Guardia Civil efectúa también labores de vigilancia en la zona. En total, ocho o nueve lanchas operan en el Parque Natural de ses Salines de forma habitual durante el verano.
El coordinador de Pitiusa de Ecología, Iván Moreno, explicó que están desbordados y que en numerosos casos reciben solicitudes para acudir a desviar barcos fondeados en la isla de Ibiza. «Les decimos que no podemos ir, que vayan ellos. Incluso nos han llegado a llamar desde Benirràs, y hasta nos ofrecen pagar nuestros servicios, pero les decimos que no podemos», explicó este miembro de la empresa.
