El juzgado de Instrucción numero 1 de Ibiza, que dirige la investigación de la causa por evasión fiscal y blanqueo de dinero contra los responsables de la discoteca Amnesia y sus diversas empresas vinculadas, ha ordenado bloquear cautelarmente un total de 16 inmuebles, entre viviendas, locales comerciales y solares pertenecientes directa o indirectamente al propietario del grupo empresarial, Martín Ferrer Casals, con el fin de asegurar que esos bienes no se sustraigan a la acción de la justicia y que, llegado el caso, sirvan para asegurar las responsabilidades que puedan derivarse del procedimiento penal.

A instancias de la Agencia Tributaria, el juzgado ha pedido a los Registros de la Propiedad correspondientes que efectúen una anotación preventiva de prohibición de vender o traspasar los inmuebles, nueve de los cuales tienen a Ferrer como propietario a título personal, cuatro pertenecen a la sociedad patrimonial familiar Atlántida Barcelona (cuyas participaciones se reparten casi a partes iguales entre Martín Ferrer padre e hijo), y otros tres corresponden a la sociedad Joberan, entre ellos el terreno y las edificaciones de la discoteca Amnesia, así como otras dos viviendas.

Dinero embargado

Durante la operación y los registros del martes y el miércoles también quedó embargado el contenido de las cajas de seguridad que los arrestados tenían en varias oficinas bancarias y cuyo contenido no ha trascendido. No obstante, sí se sabe que entre la recaudación de la discoteca y el dinero efectivo hallado en las cajas de seguridad, los investigadores intervinieron al menos dos millones de euros.

Al parecer, no es la primera vez que el propietario de Amnesia se ve envuelto en un procedimiento por delito fiscal, ya que en 2011 estuvo encausado por una incidencia de 2006 relacionada con el IVA de su sociedad patrimonial.

Las investigaciones del caso continúan con el mismo sigilo con que se gestaron. Los agentes de la Unidad Central Operativa y la policía judicial de la Guardia Civil de Mallorca desarrollan las pesquisas policiales sin contar prácticamente con los agentes de la isla. En el cuartel de Ibiza han estado trabajando y acumulando documentación en un despacho exclusivo para ellos en el que lo primero que hicieron al llegar fue cambiar la cerradura. Estas precauciones reflejan el interés de los investigadores en evitar filtraciones que puedan alertar a los sospechosos y entorpecer su trabajo.

El hecho de que la Fiscalía de Ibiza pidiera prisión sin fianza para los cuatro detenidos demuestra que entre los investigadores existe aún temor de que puedan destruirse o alterarse pruebas, y, en menor medida, de que alguno de ellos pudiera escapar.

Por eso la decisión de la juez de guardia de decretar directamente su libertad con cargos les ha causado perplejidad, aunque confían en que con toda la documentación intervenida haya evidencias suficientes para apuntalar su acusación de delito fiscal y blanqueo de capitales.