La operación desencadenada esta semana por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria es consecuencia de una denuncia anónima enviada en 2014 a la inspección de Hacienda y a la Fiscalía de Balears, dirigida fundamentalmente contra un antiguo responsable financiero del grupo Amnesia llamado Josep Aymar Ragolta. Por la minuciosa descripción de los hechos, el volumen de información aportada y la precisión de los datos contenidos en ella, los investigadores dan por supuesto que el autor o autores de esa denuncia, que apunta a la existencia de ingresos millonarios no declarados de la discoteca Amnesia, han sido empleados de la propia empresa con acceso a información sensible y que estaban al corriente de las presuntas irregularidades.

Según fuentes del caso, la denuncia se refiere a los años 2012 y 2013 y describe con todo lujo de detalles los procedimientos que se empleaban para no declarar parte de los cuantiosos ingresos que obtiene la discoteca y eludir el control del fisco.

A raíz de la citada denuncia anónima y tras examinar los hechos, la Fiscalía primero pidió un informe a la Agencia Tributaria y más tarde, en octubre del pasado año, presentó una querella que judicializó el caso. El asunto recayó en el juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, que es el que, de acuerdo con Hacienda, ordenó la operación policial de esta semana, con registros de oficinas, viviendas, locales y cajas de seguridad en bancos. Estas actuaciones se derivan del exhaustivo análisis efectuado por la inspección de Hacienda de todos los pormenores de la denuncia anónima. Según este análisis, el origen del fraude estaría en los ingresos en efectivo que obtiene la discoteca y que no declara; según una estimación mínima y preliminar de los inspectores de Hacienda, las cuotas del Impuesto de Sociedades y del IVA defraudadas sólo por la sociedad que gestiona la discoteca estarían, «como mínimo», en torno a los dos millones de euros en 2012 y rondarían los 2,9 en 2013.

Aunque la denuncia anónima se dirigía inicialmente contra Josep Aymar, los hechos y circunstancias que se describían en la misma, corroborados en gran parte por la investigación de la Agencia Tributaria, incriminan también al propietario del grupo Amnesia, Martín Ferrer Casals, y a los otros tres detenidos en la operación de los últimos días, razón por la cual se procedió a su arresto.

La losa de un crédito

Pese a no figurar ya en la dirección del grupo Amnesia ni estar entre los detenidos, Aymar sigue figurando como apoderado de la sociedad Zonal Investment, que gestionó o gestiona aún los ingresos por venta anticipada de entradas, venta en taquilla y patrocinadores, y últimamente figuraba también como productora de las distintas fiestas que se organizan en la discoteca, dos de las vías por las que se canalizan una buena parte de los ingresos de Amnesia.

Según los anónimos denunciantes, fue la influencia y la gestión de Aymar la que embarcó al propietario del grupo Amnesia en una serie de decisiones financieras e inversiones fallidas, especialmente la del macroproyecto de ocio de Amnesia Barcelona, que originaron a Ferrer una elevada deuda hipotecaria con una entidad bancaria. El peso de esa deuda, sus elevados intereses y los compromisos de amortización que conllevaba indujo al parecer a desviar la mayor parte de los recursos del grupo empresarial a pagar el crédito contraído, en perjuicio especialmente del pago de impuestos a la Agencia Tributaria. La losa de ese crédito llegó a poner todo el entramado empresarial de Martín Ferrer en una situación financiera crítica en el año 2013.

La investigación se centrará ahora en examinar la ingente documentación intervenida y en determinar los ingresos y gastos reales de Amnesia y del grupo de empresas que orbitan en torno a ella, para después compararlos con los que figuran en sus declaraciones tributarias y establecer así la cuantía de lo defraudado.