El reglamento que detalla y precisa las normas de aplicación de la ecotasa -el impuesto turístico que empezará a cobrarse el 1 de julio- fue aprobado ayer por el Govern e incluye como novedad que cualquier piso residencial que se alquile durante menos de dos meses al año deberá pagar también este tributo, a menos que el dueño sea capaz de demostrar que quienes están alojados allí no son turistas. De este modo, la conselleria de Turismo otorga la consideración de alojamiento turístico a pisos en edificios plurifamiliares, pese a que la vigente ley los prohíbe categóricamente.
El artículo 2, párrafo 1 del decreto aprobado ayer establece que «tienen la consideración de establecimientos turísticos las viviendas amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas turísticamente, con finalidad lucrativa, que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa turística para la comercialización turística». Y para disipar dudas añade que se entiende viviendas comercializadas turísticamente las que «se promocionen por medios de canales de comercialización turística por periodos de tiempo inferiores a dos meses».
El decreto del Govern invierte la carga de la prueba y ya no será la Administración la que tenga que demostrar si es un alojamiento turístico o no, sino que será el propietario del inmueble el que, en caso de inspección, deberá demostrar que sus huéspedes no son turistas.
La forma en que el dueño de la vivienda podrá alegar que sus inquilinos no son turistas consistirá en acreditarlo documentalmente: «Bastará con que muestren un contrato y que tengan la fianza depositada», manifestó la directora de la Agencia Tributaria de Balears, Maria Antònia Truyols, que se mostró convencida de que raramente un alquiler a turistas bajo el supuesto amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tendrá la fianza depositada como corresponde.
El Govern quiere evitar de este modo que el alquiler turístico eluda el pago de la ecotasa, mientras la oferta reglada queda sujeta a este gravamen. Por ello, quienes alquilen pisos a turistas, incluso bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se enfrentan a una nueva amenaza de sanción si no cobran la ecotasa. Quienes a partir del viernes día 1 de julio sean cazados parapetándose en la LAU para explotar un alquiler que en realidad es turístico deberán afrontar multas por infracción de entre el 50% y el 150% de al cantidad defraudada.
Se da la paradoja de que el Govern aplicará estas sanciones y exigirá el pago de este tributo a una actividad que está legalmente prohibida en la actualidad, de acuerdo con la Ley General Turística de Balears.
El Govern prevé una recaudación de entre 60 y 70 millones de euros en concepto de ecotasa, aunque para el presente año será sólo de entre 40 y 50 millones, debido a que en 2016 sólo se cobrará medio año.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, declaró ayer en rueda de prensa que la ecotasa «es un mecanismo de redistribución de la riqueza y de solidaridad para la conservación del medio ambiente y el patrimonio de las islas».
El conseller de Turismo, Biel Barceló, recordó que es un impuesto que «se cobra en muchos países del mundo y no pasa nada», y subrayó que los turoperadores están informados desde hace tiempo de su aplicación, por lo que «han tenido tiempo» para darlo a conocer a sus clientes.
