El Consell lamenta la nueva «hipoteca» para la isla de la sentencia sobre las autovías

El presidente del Consell, Vicent Torres, recordó que Ibiza ya padece «una herencia envenenada» con los macroproyectos de la etapa de Jaume Matas. «Seguimos hipotecados» por unas inversiones que suponen un pago «de 20 a 30 millones de euros según el año», destacó Torres, que considera «una pena» que nuevas sentencias incrementen ese coste. Torres recordó que ese encarecimiento lo pagará el ciudadano, «al final con menos inversiones de las que nos tocan en una isla en la que faltan infraestructuras y colegios». El fallo prueba, además, «que no se gestionó bien» la ejecución de un modelo de carreteras que sigue sin gustar al presidente insular.

La portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, recordó que la condena del Supremo llega tras un recurso del Govern a una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), porque «estaba en desacuerdo con la exposición de hechos que se entendió como probados».

«No podemos hacer otra cosa que acatar la sentencia», señaló Costa. «Hemos llegado hasta el final para defender los intereses de los ciudadanos».

La consellera ibicenca cree que esta resolución es «una consecuencia de unas obras faraónicas de la etapa de Jaume Matas», un amplio listado de proyectos, muchos «bajo sospecha de malversación», como el Palma Arena, el metro de Palma o el Palacio de Congresos, a los que los progresistas han mostrado su «firme rechazo». «Ahora y durante muchos años pagaremos las consecuencias económicas de esas decisiones», añadió.

Para el diputado de Podemos Aitor Morrás el Supremo añade «más de lo mismo» al «despropósito» de las autopistas de Ibiza. De hecho, los promotores de la comisión de investigación de estos macroproyectos en el Parlament ya se esperaban esta sentencia. Morrás cree que «no se ajusta a la realidad» que el fallo justifique parte del sobrecoste por la contestación social a las autovías y confía en que la comisión permitirá aclarar «a qué se debe la deuda». También critica que las constructoras pretendan «sacar rédito económico de algo que deberían tener previsto», ya que «todo el mundo sabe que en verano no se pueden hacer obras en Ibiza».

Para el antiguo portavoz de la Plataforma Antiautopistas en Sant Antoni, Pep Marí Marge, Jaume Matas «quería las carreteras cuanto antes» y las declaró de urgencia. Las empresas «aceptaron el juego» de construir en la mitad de tiempo unos proyectos que en su memoria inicial se reconocía que «podían durar cuatro o cinco años. Debían ser responsables y no pedir».

Por eso no comparte una resolución que califica de «despropósito». También recuerda que la plataforma actuó «en contra de unas ocupaciones ilegales que se ha demostrado que lo fueron» por sucesivas sentencias judiciales.

«Bauzá ahorró 86 millones»

El presidente del PP ibicenco admitió que su partido «cometió errores políticos de calado» y los pagó en las urnas. Por eso reclamó «no hacer electoralismo» sino valorar este fallo «con seriedad y rigor». Así, dijo que de los 30 millones de euros que suman las indemnizaciones por esta sentencia y los 7,8 del fallo del TSJB por las obras del acceso al aeropuerto «17 millones son consecuencia de causas sobrevenidas extraordinarias» y 13 se atribuyen «a modificaciones sobre la marcha» de las obras.

A la sentencia que eleva aún más el coste de esas inversiones, José Vicente Marí Bosó, contrapuso ayer el «ahorro» de 86 millones de euros que consiguió el Govern Bauzá. Fue el PP, recordó, quien declaró «lesiva» la resolución del conseller Jaume Carbonero (PSOE) que, estando en funciones, reconocía a las concesionarias 4,5 millones de euros más al año. «Dos sentencias» han avalado luego que esas resoluciones «perjudicaban a la Administración».