El Ayuntamiento de Sant Antoni y no el Govern balear será el encargado, a partir de este verano, de multar a las bodegas y supermercados que vendan alcohol en el horario en que no pueden hacerlo, esto es, desde las 12 de la medianoche a las ocho de la mañana. El pleno de la Corporación aprobó ayer de forma inicial -por la vía de urgencia y con el apoyo del PP- la nueva ordenanza que reafirma esta prohibición, pero que introduce como principal novedad que será el propio Ayuntamiento el que tramitará y resolverá los expedientes infractores, puesto que ahora las denuncias de la Policía Local debían enviarse al Govern.
En un pleno caracterizado por un gran entendimiento entre el equipo de gobierno y el Partido Popular -la oposición no votó en contra de ningún punto del orden día y el equipo de gobierno aprobó las dos mociones del PP-, el concejal de Actividades, Juanjo Ferrer, detalló que las sanciones máximas para los infractores serán de 1.500 euros. Inicialmente se contempló imponer 3.000 euros como máximo, pero los servicios jurídicos aconsejaron un tramo inferior.
Esta cuantía contrasta con las multas que se prevén en otra ordenanza aprobada en el mismo pleno, y que regula los mercadillos de artesanía. A los concesionarios de puestos que incumplan las normas, se les podrá aplicar multas de hasta 300.000 euros. Juanjo Ferrer admitió el notorio desequilibrio entre estos dos regímenes sancionadores, «puesto que parece que se multa más a quien menos perjuicio social causa, y menos a quien causa más», pero lo justificó afirmando que «es lo que viene determinado por la ley».
Juanjo Ferrer explicó que con esta medida se trata de frenar la «proliferación de negocios que no crean una buena convivencia y afectan al orden público», pero también reconoció que «generan una competencia desleal al sector de los bares».
En posteriores declaraciones a los periodistas, el concejal de Actividades afirmó que el Ayuntamiento intentó sin éxito establecer una prohibición de implantar nuevas bodegas. «Se buscaron fórmulas para detener esta proliferación de bodegas de alcohol que hay en Sant Antoni. No encontramos la clave ideal mediante modificaciones urbanísticas, por lo que finalmente nos hemos acogido a esta ordenanza», señaló. Además, para implantar una moratoria de nuevos locales, debería haberse prohibido la implantación de un determinado epígrafe comercial, como serían los supermercados, «con lo que se acabaría afectando a comercios que no vendan alcohol», añadió.
Aunque hasta ahora las denuncias de la Policía Local se tramitaban por parte del Govern, Ferrer dijo no recordar ningún caso en que se hubiera tramitado sanción alguna.
Ordenanza de limpieza
También fue aprobada inicialmente -con la abstención del PP- la nueva ordenanza de limpieza y recogida de residuos, cuyo contenido, sin embargo, se concretará en cuanto se adjudique la nueva contrata de basuras. El concejal Pablo Valdés señaló que el nuevo texto pretende concienciar más que sancionar, si bien las multas por infracciones graves se elevan hasta los 45.000 euros y las muy graves pasan de 3.000 a 1.750.000 euros. «Lo que hacemos es adaptarnos a Ley de Residuos de 2011, pues desde 2006 tenemos un documento que está caducado. Eso significa que cualquier infracción que se hubiera impuesto aplicando esta normativa podría haber sido impugnada por cualquier ciudadano», añadió Valdés.
El pleno aprobó dos mociones presentadas por el PP: una que pide la rápida ejecución de un proyecto de mejora de la carretera que va al campo de fútbol de Sant Rafel, afectada por graves problemas de seguridad viaria, y otra que insta al Govern a reconocer el peso turístico de Ibiza en las inversiones autonómicas.
