El trabajo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer se desarrolla con normalidad. El pasado martes una quincena de personas permanecían en las dependencias de esta instancia -en el hall principal o separadas tras una puerta en la pequeña entrada que da acceso a la zona donde se tramitan asuntos civiles- a la espera de ser atendidas, de que se les tomara declaración o de que les comunicara la decisión judicial adoptada respecto a sus casos.

Casi toda la plantilla está trabajando: desde el magistrado titular, Juan Carlos Torres, que se incorporó hace algo más de una semana, a los funcionarios, que se encuentran en sus puestos -excepto una- tras sus respectivas bajas médicas. Junto a ellos, la nueva secretaria judicial, quien se puso al frente de la oficina en la segunda quincena de julio y con quien, según resaltan fuentes judiciales, la situación ha dado un giro completo a mejor.

En principio, atrás quedan meses en los que se han hecho públicos conflictos internos -que según los funcionarios y el propio juez venían de años atrás- o en los que se han denunciado anomalías en la tramitación de procedimientos. El que más ha llamado la atención de los medios y quizás el detonante para que toda esta situación trascendiera hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia o el Parlament balear, fue el suicidio «inducido» por su maltratador de Sara Calleja, una mujer que relató su calvario en una carta, en la que se quejaba de que presentó en Ibiza dos denuncias contra su acosador y no había recibido respuesta alguna.

La primera denuncia, en mayo. La primera denuncia se interpuso en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en mayo y entró en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el día 19. Entonces, el juez Juan Carlos Torres dio orden «a la oficina judicial, a quien correspondiera de la oficina, que se incoara y diera traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la competencia». Y es que la víctima, llegada a Ibiza unos meses antes desde León, ya tenía causas abiertas por malos tratos de las 15 denuncias que había presentado allí contra su expareja. Por ello, era muy posible que el juzgado se inhibiese a León, aunque para ello debía pronunciarse la Fiscalía.

Sin embargo, de esto nunca más se supo. Dos días después el magistrado causó baja y a principios de junio coincidían ausentes junto a él cuatro de los siete funcionarios del juzgado -algunos de baja desde un tiempo antes-. Todo esto supuso una mayor carga de trabajo tanto para los jueces de Instrucción, que tuvieron que hacerse cargo de los asuntos de violencia machista en sus semanas de guardia, como para los otros tres funcionarios que tuvieron que repartirse todos los asuntos.

La tardía sustitución del juez titular del juzgado. Respecto a la baja del juez, Torres pidió en mayo -antes de la baja por motivos médicos- y más tarde en julio al Tribunal Superior de Justicia de Balears que se nombrara un juez sustituto durante su ausencia, pero desde la sala de Gobierno de este órgano rechazaron la demanda porque, puntualizan desde el TSJB, en la petición que les llegó «no estaba motivada la necesidad o la excepcionalidad del caso» y, siendo así, la ley no permite cubrir la baja. Desde los juzgados manifestaron el «trastorno» que la situación generaba a los jueces de guardia por haber coincidido con los meses de la temporada estival, en que el volumen de asuntos aumenta.

En cuanto a las de los funcionarios, fuentes judiciales llegaron a señalar en este periódico que en tres de los cuatro casos eran «bajas reiteradas en meses de verano en varios años». En relación a esto, la secretaria coordinadora del TSJB de Menorca y las Pitiusas, Josefa Juan Marí, dijo: «En cualquier juzgado puede haber dos bajas simultáneas, pero más de dos pasa muy pocas veces». Por ello añadió que, en su opinión, pasaba «algo» que había «que investigar».

Eso precisamente pidieron dos de estos cuatro funcionarios: «No solo queremos que se investigue, instamos a ello». Y denunciaron públicamente «el mal funcionamiento de este juzgado» y la sobrecarga de trabajo que sufrían unos trabajadores con respecto a otros al no haber, según decían, un reparto equitativo de los asuntos. Todo ello, indicaron, generaba «un clima laboral adecuado e insoportable» que ya habían trasladado un año antes a los órganos correspondientes del Ministerio de Justicia como queja respecto a la organización que llevaba a cabo la entonces secretaria judicial, Francisca Martínez.

Graves problemas entre el personal. Precisamente UGT alertó en julio del «riesgo psicosocial» que sufrían los trabajadores del juzgado, en el que en febrero se había hecho una evaluación de estos riesgos. En esta, según UGT, detectaron «graves problemas de relaciones personales» entre los trabajadores, un reparto «no equitativo» de la carga de trabajo o «conflictos de roles con órdenes contradictorias entre los superiores», situaciones que habían derivado incluso en denuncias cruzadas entre Martínez y varios funcionarios. Por ello, se instaba a adoptar «medidas prioritarias» para subsanar riesgos laborales.

Ese mes, el 11 de julio, mientras la situación en el juzgado seguía siendo complicada, se suicidó Sara Calleja. En un primer momento trascendió que el Cuerpo Nacional de Policía investigaba un caso de acoso y malos tratos en relación a la muerte. Semanas después, con la publicación de una carta escrita por Sara, salió a la luz el calvario que había vivido. A raíz de esto, ya en agosto, se supo también que los investigadores, en el informe remitido al juzgado, calificaron su muerte como «inducción al suicidio» por parte de su expareja.

En esa carta remitida «a la jueza de violencia de género del juzgado de León», Sara comenzaba diciendo: «Estoy muy cansada y necesito descansar. Mi vida es insoportable». Relataba la situación que había sufrido desde que en 2013 dejó a su expareja y cómo había pedido ayuda en vano, pues el acoso, los mensajes, las amenazas, seguían. «Aquí en Ibiza he puesto dos denuncias, en mayo y junio, y no he recibido contestación todavía», señalaba casi al final de la misiva, en la que acababa diciendo que Christian C. se lo robó todo. «Él ganó».

Vila y el Consell reclaman un juez. Al mismo tiempo que se conocían los detalles de la situación que condujo a esta víctima a quitarse la vida, desde Vila y el Consell se enviaron sendas cartas al TSJB en las que se reclamaba un juez sustituto para este juzgado. Tras casi tres meses en los que los cuatro magistrados de Instrucción se turnaban para asumir estas competencias, las instituciones de la isla trasladaban su «preocupación».

El TSJB contestó el 20 de agosto diciendo que para atender las demandas era necesario que se justificaran las necesidades. Y al día siguiente, tras recibir una petición de la juez decana en funciones de Ibiza -en la que los jueces de la isla señalan que se usaron los mismos argumentos del magistrado titular las dos veces anteriores-, la sala de gobierno de vacaciones del TSJB autorizó el llamamiento de un sustituto con carácter urgente. La decisión se justificaba por «la falta de previsión de una reincorporación más o menos inmediata del titular y la carga correspondiente a los juzgados de Instrucción de partido judicial en periodo estival».

Y coincidiendo con la llegada a su puesto del juez sustituto, Ferran Moreno, este diario desveló el motivo por el que, en efecto, Sara Calleja no había recibido respuesta a sus dos denuncias presentadas en la isla: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza no las tramitó. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, las denuncias aparecieron después del suicidio tras haber estado «en secretaría». Precisamente el Juzgado de Instrucción número 4, que estaba de guardia cuando se recibió el atestado de la muerte, hizo constar que «no estaban tramitadas» y ordenó «su tramitación y que se instruyeran las diligencias correspondientes».

Expedientes «guardados». Según fuentes del personal del juzgado, lo sucedido fue que los expedientes de los cuatro funcionarios de baja -entre ellos las denuncias de Sara Calleja- habían sido «guardados» por la entonces secretaria en el marco de las «tensiones» y «disfunciones» en esta instancia. Desde Fiscalía y el propio juez titular, Juan Carlos Torres, confirmaron que la documentación que inicialmente estaba en las mesas de los funcionarios ausentes, un día dejaron de estar «a la vista».

«Los expedientes no desaparecieron sino que se recogieron de las mesas para estudiarlos, para comprobar lo que había pendiente; en fin, para trabajar», dijo la entonces secretaria, encargada de organizar el trabajo de la oficina judicial. Sostuvo que no estuvieron «parados» y que algunas causas se guardaron «en su armario de seguridad» mientras se comprobaban y para que no ocurriera nada con ellas, pues por las tardes «puede entrar cualquiera al juzgado».

Sobre las denuncias de Sara Calleja, la exsecretaria no recordaba cuándo habrían entrado. «Las cosas que entraban se iban repartiendo, lo único que se guardaban era asuntos que no eran urgentes», dijo, aunque otras fuentes señalaban que en Violencia sobre la Mujer todos los asuntos deben tener la consideración de urgentes y que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con precarias condiciones de personal, un caso puede estar dos meses sin tramitarse.

El propio magistrado Juan Carlos Torres, entonces aún de baja, recabó información sobre los problemas del juzgado y redactó un escrito que a finales de agosto remitió al CGPJ. En él exponía la situación de «conflictividad y enfrentamiento» de la oficina judicial, que empeoró «en los últimos dos años». Y se refería a la «anomalía o incidencia» de la «guarda o retención» de expedientes, entre ellos el de Sara Calleja.

Junto a esas críticas llegaron las del Institut balear de la Dona y la Associació de Dones Progressistes, quienes denunciaban la falta de un espacio adecuado para que las víctimas esperasen sin ver al agresor; la falta de sensibilidad de los trabajadores del juzgado y de los abogados; la insuficiente dotación de personal en el turno de oficio o el aumento del archivo de los procedimientos desde que el juez titular estaba de baja. Por su parte, abogados y el juez sustituto negaron algunas de estas situaciones, como el incremento del archivo de procedimientos o la falta de sensibilidad o de personal en el turno de oficio.

En septiembre, una quinta funcionaria se dio de baja y el juzgado se quedó con un único trabajador y otro de refuerzo pues otra profesional de la plantilla estaba de vacaciones. Ante esta precaria situación se solicitó la incorporación de más refuerzos.

La intervención política. Entonces, el diputado del PP Miquel Jerez presentó una proposición no de ley en el Parlament para instar al Ministerio de Justicia a iniciar «inmediatamente» el proceso para inspeccionar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En el texto, se pedía determinar si el caso de Sara Calleja «es susceptible de enmarcarse en un supuesto de anormal funcionamiento de la Justicia». Y todo ello, con el objetivo de «valorar el funcionamiento y la respuesta judicial ante las denuncias presentadas» y, si procede, que «se depuren las responsabilidades que se puedan derivar».

A mediados de octubre, la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament aprobó por unanimidad esta proposición de Jerez, quien se reunió en Madrid con el ministro Rafael Catalá y le trasladó la situación por la que atravesaba el juzgado.

Y en respuesta a todo esto, ante «las dificultades detectadas», por las quejas que ha habido en todos estos meses, cuatro inspectores del CGPJ estuvieron en Ibiza los días 12 y 13 de este mes para examinar el trabajo y la situación del juzgado. El resultado de esta inspección se desconoce por el momento.