Los concejales que la pasada legislatura constituían la comisión de gobierno de Vila, en manos entonces de la coalición PSOE-ExC, defendieron ayer en el juzgado de instrucción número 1 que no hubo «trato de favor» hacia la empresa Park Control 200 S.L., antigua concesionaria de la gestión de las plazas de aparcamiento de pago de la ciudad. Los ocho exresponsables políticos (la exalcaldesa, Lurdes Costa, Marc Costa, Vicent Ferrer, los únicos que se mantienen en activo en la oposición; Santiago Pizarro, Vicent Torres, Sandra Mayans, Juan Manuel Rubio e Irantzu Fernández) declararon en calidad de imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Lo hicieron un año y cuatro meses después de que la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso del empresario Josep Maria Molins (acusación particular), forzara al juzgado de Instrucción número 1 a citar a todos ellos al apreciar «indicios suficientes de criminalidad» en el acuerdo que la comisión de gobierno adoptó en agosto de 2010 al condonar parte de la deuda de Park Control con el Consistorio para compensar el débito de 412.120 euros que la empresa mantenía con la Agencia Tributaria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Todos ellos, salvo Sandra Mayans, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación particular ni de las del PP, también personado en la causa. La letrada de los populares no acudió al juzgado pero delegó en el representante legal del denunciante. Tampoco estuvo la fiscal, que, en su día, pidió el archivo provisional de la causa. Según las fuentes consultadas, Mayans se limitó a explicar ante la juez que ella estaba «muy distanciada» políticamente de sus antiguos compañeros y que apenas participaba en la vida municipal y que en los plenos «votaba lo mismo que todos». No aportó más, aunque después, en declaraciones a los medios de comunicación, hizo un alegato contra la corrupción en general (ver apunte).
«Denuncia infundada»
Por su parte, Costa explicó tras salir de los juzgados que se limitó a responder a las preguntas de la jueza y su abogada, y no a las del letrado de Molins porque este (el empresario) no merece su «consideración» al haber presentado «una denuncia infundada». Atribuye los motivos de la denuncia a «la animadversión» que Molins mantiene con el exequipo de gobierno progresista. «Ha puesto múltiples causas contra el Ayuntamiento, que ha ido perdiendo, porque confunde el interés general con los suyos particulares», dijo. También rehusó contestar a las cuestiones planteadas por el PP porque este, según ella, «intenta utilizar este asunto políticamente». «Han tenido a su disposición los informes jurídicos y económicos tanto internos como externos, por lo que tienen el mismo conocimiento que nosotros de que todo se ha hecho siguiendo la legalidad», recalcó.
La exalcaldesa abundó en que, «lejos de favorecer a la empresa [Park Control]», el gobierno de PSOE-ExC, en la comisión de gobierno de agosto de 2010, en la que se acordó compensar el pago del ITP, también acordó «rescindir el contrato y secuestrar la concesión» por los impagos al Ayuntamiento.
Informe de un jurista externo
La juez, según Costa, quiso saber cuando tuvo conocimiento de la compensación del ITP. La exalcaldesa explicó que fue en el momento en que leyó los informes técnicos. «Para nosotros todo empezó cuando reclamamos a la empresa que actualizase los pagos y como no lo hizo, se inició el expediente de rescisión de contrato», dijo Costa, que subrayó que, aparte de los informes de Intervención y Secretaría, se pidió la opinión a «un jurista externo», que, según su criterio, con el visto bueno además del secretario, aconsejó que se debía atender «la indemnización» que reclamaba la empresa por el citado impuesto.
El auto de la Audiencia Provincial apuntaba, no obstante, que existen «indicios» de que el acuerdo de la comisión de gobierno se adoptó «fuera de los cauces legalmente establecidos, puesto que consta un informe de Intervención [30 de marzo de 2007, durante el anterior gobierno que presidía Xico Tarrés] y un certificado del Consistorio que supuso la condonación de facto de la deuda a la empresa, extremos de los que era plenamente conocedora y dio las instrucciones pertinentes la concejala de Hacienda Cristina Ferrer [la legislatura 2003-2007], según sus propias manifestaciones».
