Desde el año 1992 es habitual encontrar una letra junto a cada electrodoméstico. Es la denominada ´etiqueta energética´. Con la entrada en vigor el pasado 1 de junio de la nueva certificación para edificios, miles de personas que deseen alquilar o vender un inmueble están obligados a obtener la letra correspondiente para su vivienda, que dependerá de su consumo energético. Y los gastos corren a cargo de los propietarios.
¿Quién debe solicitarlo?
El certificado es obligatorio para todos los edificios de nueva construcción. Sin embargo, los propietarios que hayan arrendado su propiedad antes del 1 de junio pasado, no están obligados a demostrar su calificación. En cambio, sí que será necesario en el momento que entre un nuevo inquilino en esa misma vivienda. La certificación también es obligatoria para las entidades públicas que ocupen un espacio superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentadas habitualmente por público. Están excluidos de esta normativa los monumentos, lugares de culto y actividades religiosas, construcciones provisionales (con un plazo inferior a dos años), edificios con una superficie útil menor de 50 metros cuadrados y viviendas cuyo uso sea inferior a cuatro meses o que tengan con un consumo de energía por debajo del 25% previsto en un año. De momento, la medida se encuentra en su fase inicial, aunque el presidente del Colegio de Peritos e Ingenieros técnicos industriales de Ibiza y Formentera, Fernando Marí Riusech, asegura que la demanda es todavía «más baja de lo esperada». El ingeniero apunta a que el descenso de operaciones inmobiliarias puede ser la razón más importante. Además, los arquitectos llevan certificando las obras nuevas desde principios de año.
¿Para qué sirve?
El certificado indica el gasto energético que tiene una construcción: «Es una indicación informativa para la persona que quiera comprar o alquilar una vivienda, un local o un edificio concreto. De esta manera se puede comparar con otra casa que nos interese y ayudarnos a decidir», explica Iván Torres, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera. Con el Real Decreto 235/2013, el Gobierno central sigue los pasos de una directiva del Parlamento Europeo de hace once años. La mayoría de los países de la Unión Europea ya aplica esta normativa desde antes de 2007.
Los ingenieros técnicos industriales, uno de los gremios capacitados para realizar las inspecciones, aplaude esta nueva medida: «Es coherente con las políticas actuales en materia de gasto energético, tanto en el ámbito nacional como internacional. Si se enfoca de manera adecuada puede llegar a ser realmente muy efectiva», afirma Marí Riusech.
¿En qué consiste?
«Se trata de analizar cómo está construida la vivienda, para ver, por ejemplo, el tipo de cerramiento que utiliza, los cristales o cómo está hecha la cubierta. Con estos parámetros podemos saber las emisiones de CO2 y eficiencia del inmueble, para otorgarle una calificación mediante una serie de cálculos», indica Torres. La calificación varía entre las letras A y G, según si un edificio es más o menos eficiente. «No es habitual encontrarse con edificaciones de máxima eficiencia. Le media oscila, de momento, entre la B y la D», explica Marí Riusech. El enigma surge con las casas payesas de Ibiza. Por la época de construcción y los medios utilizados deberían tener una mala calificación, pero ciertas características las hacen especiales: «Tienen una muy buena inercia térmica. Esto deriva del gran grosor de las paredes y las ventanas, que son muy pequeñas, y hace que tengan pocos puntos de fuga de energía. Las casas que tienen más cristal son menos eficientes. A estas características hay que añadirle el gran volumen que tienen, por los techos que son muy altos», indica el grupo de arquitectos del despacho de Toni Marí Torres. «Consiguen que durante el día el calor entre muy lentamente y lo retenga en su interior mucho más tiempo por la noche», añaden. En cambio, Marí Riusech apunta una característica que haría descender la cualificación. «Lo más molesto es el tejado tal y como se construía antiguamente. Seguramente alguna cosa se podría mejorar, como montar ventanas de doble cristal», añade. Vicent Cardona, ingeniero industrial, intuye que el resultado de estas casas podría estar entre la letra A y B, pero que habrá que esperar a realizar los primeros cálculos.
Obligaciones
El informe es exclusivamente informativo. La calificación final no obliga a realizar futuras mejoras en la edificación. En cambio, sí que es necesario registrarlo en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que en Balears es la Dirección General de Industria y Energía. El decreto indica que, a partir del año 2020, todos los edificios privados que se construyan deberán tener un consumo de energía casi nulo.
Propuestas
Uno de los apartados más importantes de esta certificación es el de mejoras. Sin embargo. «Si yo fuera el propietario de una vivienda las aplicaría [las mejoras] lo más rápido posible. En un futuro puede que la Unión Europea, en cumplimiento de los tratados internacionales, decida comenzar a sancionar», explica José Luis Rodríguez Poblador, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza y Formentera. Rodríguez Poblador, que el pasado mes de junio accedió a la presidencia del colegio, apunta al certificado como una de las nuevas vías de negocio para su profesión, muy dañada por la crisis económica. «Lo realmente importante es mejorar, no si se consigue una calificación u otra», añade.
¿Cómo se consigue?
En Balears, los profesionales capacitados para realizar las inspecciones son los ingenieros industriales, ingenieros técnicos y arquitectos. El estudio tendrá una vigencia de 10 años y el propietario será el responsable de su renovación.
Precio
El precio del estudio es variable y depende de cada técnico. Torres asegura que en ocasiones ha visto cobrar «demasiado» y otros casos, en cambio, se han realizado trabajos muy económicos. Marí Riusech avisa de esta situación: «Es muy sospechoso que ciertas organizaciones entreguen este certificado y lo hagan por menos de 100 euros. Si se tiene en cuenta que el técnico, tal y como lo marca la ley, debe desplazarse a visitar la vivienda, las tarifas no pueden ser tan bajas». Desde el despacho de Marí Torres explican que para calcular el precio se tiene en cuenta la tipología de la vivienda (el número de plantas, si es unifamiliar, etc.) y los elementos de acondicionamiento del inmueble (aire acondicionado, calefacción, placas solares) que posea, entre otros parámetros técnicos.
Multas de hasta 6.000 euros
Las sanciones impuestas por las infracciones relacionadas con el certificado de eficiencia energética oscilan entre 600 y 6.000 euros, según si se incurra en falta leve, grave o muy grave. Las infracciones tipificadas como muy graves son los casos de falsificación del certificado, actuar como técnico cualificado sin reunir los requisitos exigidos, realizar inspecciones sin contar con la habilitación correspondiente o publicar una calificación de eficiencia que no corresponda con el certificado. Estas faltas acarrean una multa de entre 1.001 y 6.000 euros. En cambio, no renovar la certificación o publicar un anuncio sin hacer mención al valor otorgado por el técnico, entre otras, se consideran faltas leves. Para las faltas menos graves, la sanción económica varía entre 300 y 600 euros. Todos los edificios de nueva construcción y alquiler de inmuebles y viviendas a partir del 1 de junio deben cumplir con estas exigencias.
