Si no fuera por la edad de los estudiantes y porque las mesas son en realidad cajas de cartón, el aula de Secundaria que se instaló ayer a modo de performance primero en el parque de la Paz y luego en el paseo de Vara de Rey podría ser un fiel reflejo de las que se verán a partir del curso próximo en cualquier centro de Secundaria de la isla -las de Bachillerato estarán peor-.

Se trata de un espacio de 54,46 metros cuadrados con 35 pupitres, uno por alumno, más la mesa de la profesora -tocan a 1,5 metros cuadrados por persona-. Tan pegaditos están que apenas tienen sitio para moverse. «Hasta las gallinas ponedoras tienen más derechos que los alumnos. Ellas, en sus jaulas, deben tener suficiente espacio para darse la vuelta», exclamó un docente que se sumó a la convocatoria de protesta del Col·lectiu de Professorat Indignat €creado hace unos días y formado por profesores de instituto€, que fue secundada por unas 300 personas tanto en la manifestación que llevó del parque al paseo como en las concentraciones en ambos puntos.

En esta ocasión, los simulados estudiantes -todos ellos profesores- cambiaron sus mochilas y el material escolar por pancartas, en las que dejaban patente su situación personal o sus problemas en clase, cuestiones a las que deben hacer frente los profesores, ahora incrementadas a 35 distintas. ´Absentista´, ´M´ajudes?´, ´Desmotivada´, ´Nouvingut a Eivissa´, ´No tenc llibre´, ´Profe, és que no callen´, ´M´ho tornes a explicar?´, ´Discapacidad psíquica lleugera´, ´Problemes auditius´, ´No veig la pissarra´, ´Em reflexa el sol a la pissarra´, ´Dislèxic´, ´No quiero estudiar´ o ´No em puc concentrar´ eran los carteles que levantaban todos ellos ante una profesora que anunciaba también su problemática propia: ´Sóc de Filosofia, donaré Català´.

«Así serán las aulas del curso que viene en segundo, tercero o cuarto de ESO o Bachillerato», reivindicó, megáfono en mano, uno de los profesores, que anunciaba a los padres y madres que ellos son «un grupo de profesores preocupados por la educación pública» que salen a la calle para decir que la enseñanza «está en peligro».

Y todo ello, subrayó, por las medidas anunciadas por el Govern balear que supondrán, entre otras cosas, clases de ESO con 35 alumnos y de Bachillerato con 42, frente a los 20 o 25 actuales, o la no cobertura de las bajas de menos de 30 días. Además, calculan que los centros perderán entre 12 y 15 profesores.

Menor calidad de la educación

«La calidad de la educación se reducirá», dijo, mientras planteaba, una a una, las consecuencias que tendrán estos recortes para los estudiantes: incremento del fracaso escolar; fin a la atención personalizada cuando los alumnos no entienden algo; dificultades para seguir las clases e incluso para ver bien la pizarra -«¿pensáis que desde el final se podrá ver y escuchar las explicaciones?», planteó-; profesores especialistas en unas materias e impartiendo otras; 30 minutos de tutoría por padre y cada cuatro meses; desaparición de optativas; aumento de la conflictividad; menos tiempo para preparar las clases ante el aumento de horas lectivas; alumnos sin clase por la no cobertura de las bajas; incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos; recursos materiales insuficientes...

«Comenzamos desde hoy [por ayer] una campaña de movilizaciones muy fuerte. Invitamos a los padres a participar y denunciamos una situación que nos parece demencial y un despropósito», señaló el portavoz del colectivo, Joan Riera, mientras daba comienzo la performance, con una profesora tratando de controlar una clase incontrolable: «Amonestació! No podeu sortir, ja ho sabeu. Sabino! M´està molestant... Rafa, per favor. Ana... Mar, pots seure? -Profe, profe, ¿tienes novio? -Rafa, parlaré amb ta mare. Escolteu. Pots guardar el mòvil, per favor?».

A la actuación siguieron aplausos, pero también, grandes pitadas y sonoras caceroladas -con ollas, sartenes, castañuelas y todo tipo de objetos ruidosos- que se fueron repitiendo cada pocos minutos en la hora aproximada que la protesta estuvo en el parque de la Paz. Entre el público, de todas las edades y con muchos niños, carteles en los que se podía leer ´Educació pública per tots´, ´Jo defenso l´ensenyança pública´ o ´Més retalls als polítics i menys a l´educació´.

Esta última pancarta la habían confeccionado dos estudiantes de 14 años, Yaisa y Flor, que se mostraron muy concienciadas con la protesta. «No queremos ser 35 en clase ni que los profesores se vayan ni tampoco que la profesora de castellano tenga que venir a dar matemáticas», explicaron las jóvenes amigas, que añadieron que, por lo que les han comentado, les quitarán «horas de inglés y de optativas y excursiones». «También echarán a perder las becas y no podremos ir a estudiar fuera», afirmaron.

Más de una hora después de la concentración, los asistentes desmontaron el aula móvil e iniciaron el camino hacia el paseo de Vara de Rey, haciendo sonar sus cacerolas durante todo el trayecto y al ritmo de la música de unos tambores y varias flautas. «Salimos a denunciar e informar a la ciudadanía cómo será el próximo curso», decía uno de los profesores por el megáfono, mientras la gente salía incluso de los bares y comercios para ver qué estaba ocurriendo por la calle.

En el camino encontraron quien se asomó al balcón con su propia cacerola para hacer ruido con ellos y quienes les aplaudían, como Pepita y María Dolores. La primera de ellas, maestra, opinó que los políticos «se están cargando la educación pública». «Que ellos se bajen el sueldo. La sanidad y la educación son el futuro», reivindicó. A María Dolores, la protesta le pareció «genial». «Yo también trabajo en la enseñanza aunque no soy profesora. Esto es para hoy y para el futuro, y hay que luchar», afirmó.

Sobre las 12.40 los manifestantes llegaron a Vara de Rey e instalaron de nuevo el aula móvil para explicar la situación «a la gente de la otra parte de la ciudad». «Los profesores no estamos preocupados por nuestra situación laboral o nuestro futuro. Estamos aquí porque no podremos dar la atención individualizada a los alumnos ni trabajar por ellos», concluyó otra de los miembros del colectivo. Para Riera, la única opción que le queda al Govern es «dar marcha atrás», puesto que su propuesta «no es posible», ya que de lo contario la situación «será un caos».