El Consell de Ibiza anunció ayer que ha decidido paralizar y dejar sin efecto la tramitación del Bien de Interés Cultural (BIC) de ses Feixes del Prat de Vila y de Talamanca, al haberse dictado el mes pasado una sentencia que, de forma indirecta, convierte en ilegal el expediente iniciado en diciembre de 2009. Este nuevo fallo judicial cambia el criterio utilizado hasta ahora para computar el plazo mínimo de tres años que es preciso esperar para volver a reanudar la declaración de un BIC que previamente había sido anulado, como es el caso. El equipo de gobierno admitió ayer que actualmente ignora cuándo podrá volver a iniciar el expediente.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma anuló en julio de 2006 el primer BIC de ses Feixes aprobado por el Consell, entonces dirigido por Pilar Costa, al considerar que los trámites habían caducado en enero de 2003, cuatro meses antes de que el pleno del Consell aprobara esta figura jurídica de protección.
La Ley del Patrimonio Histórico-Artístico establece que, una vez caducado un BIC, no puede volver a tramitarse hasta que hayan transcurrido tres años.
Precisamente, una serie de recursos presentados ahora ante el Consell por propietarios de ses Feixes sostienen que en el nuevo expediente se ha incumplido ese plazo de tres años, pues, según los recurrentes, ese plazo debía computarse desde la publicación de la sentencia de segunda instancia o desde que ésta sea firme.
Los servicios jurídicos del Consell consideraron sin embargo que la caducidad se había producido en enero de 2003 –porque así lo decía la sentencia– y, por tanto, transcurridos tres años desde entonces, «era posible proceder a la incoación del expediente de declaración» de BIC, afirma un informe jurídico de la institución. «Se entendía que esa era la fecha que había que tener en cuenta a los efectos del cómputo para incoar un nuevo procedimiento», añade este informe.
Nuevo criterio de cómputo
Pero la aparición de una sentencia del pasado mes de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sobre otro asunto relacionado con ses Feixes, incluye una consideración que altera el criterio para el cómputo del plazo de tres años. Según explicó ayer la conseller insular de Patrimonio, esa nueva sentencia establece que la caducidad del primer BIC se habría producido en enero de 2003, pero «mediante sentencia declarativa de tres años después y luego confirmada por otra sentencia, de 2007». De este modo, los tres años habrían empezado a contar más tarde y, posiblemente, para cuando se inició el nuevo expediente aún no habrían transcurrido. Dado que en el propio Consell «hay diferentes interpretaciones», dependiendo de si se ha de contar también el tiempo que tardaron las notificaciones de aquellas sentencias, Marga Torres informó de que estudia dirigirse al Consell Consultiu de Balears para que «diga cuándo habrán pasado esos tres años».
La última sesión de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio del Consell acordó estimar los recursos de alzada presentados por los propietarios y «anular el acto de incoación del expediente de BIC» tanto del Prat de Vila como del Prat de ses Monges.
El grupo del Partido Popular, aprovechando el pleno extraordinario sobre Sa Graduada celebrado ayer, aprovechó para criticar la actuación del equipo de gobierno sobre ses Feixes. «Por ir con prisas hemos vuelto a cometer una chapuza», dijo la consellera Carolina Torres.
