«Los peces gordos siguen en el mar», sentenció el fiscal Julio Cano el lunes en el juicio por el caso Mapau, el presunto intento de pucherazo electoral que orquestó el PP en 1999 para asegurarse el diputado de Formentera (el más barato de las islas; un puñado de votos lo deciden) y, así, el propio Govern. El juicio se celebra 14 años después y con un banquillo de risa, en el que se sientan únicamente tres funcionarios que falsificaron trámites para contratar a una mujer que en teoría debía ejercer de traductora pero que, en la práctica y según el fiscal, se dedicaba a captar votos para el PP en las casas baleares de Argentina y Uruguay. El fiscal sostiene que esos funcionarios cumplieron las órdenes que les llegaban desde arriba y acusa directamente al entonces presidente del Govern, Jaume Matas (¡él otra vez!) y su consellera de Presidencia, Rosa Estarás, pese a que la fiscalía del Tribunal Supremo (donde llegó el caso porque ambos eran aforados) les exculpó a ambos. El caso Mapau, «uno de los escándalos de corrupción política más graves que se han producido en Balears», en palabras del propio fiscal, se juzga sin embargo 14 años después, un retraso inexplicable y difícil de entender que culmina el despropósito de que solo se juzgue a tres funcionarios que obedecían a políticos que no van a tener que responder por un delito electoral y otro de malversación de caudales públicos. Las consecuencias de que el caso Mapau se haya desinflado por el camino son muy graves: «Si se hubiera imputado a Matas y Estarás no se habrían producido otros casos de corrupción», asegura el fiscal.
