No soy un gran conocedor de los temas educativos que afligen a este país. Me formé en los años setenta en un colegio católico de Valencia, en donde se impartía un pulcro castellano, se nos flagelaba con el latín y griego clásico, un profesor con acento de Torrent destrozaba un «idioma moderno» llamado inglés (intercalando el ché al what o which), y no solo no se enseñaba valenciano, sino que su uso en el patio estaba castigado con negativos y algún capón.

Así soy monolingüe, chapurreo un valenciano churro o apitxat, creo dominar la lengua de Cervantes y Quevedo, suelto de vez en cuando algún latinajo con el que deslumbro a mi interlocutor, recito de carrerilla el alfabeto griego y mi spanish-english es equiparable al de un presidente de Gobierno español.

Como observador profano y externo, entiendo que las posturas del profesorado en torno al contenido del decreto de Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), la suspensión cautelar del calendario de aplicación ordenada por la superior instancia judicial, y el decreto ley del Govern que impone su inmediata vigencia con la excusa de rectificar el error procedimental que advierte el Tribunal Superior, son resumibles en dos (con gran esfuerzo sintético):

1)La moderada, que considera que el TIL es bueno en sí mismo, pero que ni educadores ni discípulos están preparados hoy en día para su implantación según el calendario propuesto, siendo necesario un período de adaptación más largo, gradual y ascendente. Se trata de una posición muy lógica, ya que si se aspira a suministrar una educación igualitaria y de calidad, ni los docentes tienen actualmente el nivel de inglés exigible, ni los estudiantes la necesaria capacidad de comprensión en dicho idioma.

2)La radical catalanista (la que más se escucha y lee), que lo entiende como intrínsecamente malo, ya que a través de la norma lo que se persigue es acabar con el actual modelo de inmersión lingüística en la ´lengua propia´ de Baleares, en detrimento del catalán. Es más bien una oposición ideológica.

Ahora bien, mi intromisión en una cuestión educativa no es por motivos de contenido sino de continente. Burlar a través del fácil recurso de un decreto ley, una decisión judicial (y da lo mismo que sea una sentencia que un auto), me parece muy grave, desde el Derecho, la moral y la praxis política:

A.- Desde una perspectiva jurídica se produce una quiebra flagrante del Estado de derecho, basado en la separación clásica de poderes de Monstesquieu, el respeto del poder ejecutivo y legislativo al poder judicial, y la independencia de jueces y tribunales.

Con ello no solo se está vulnerando la legalidad constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en artículo 24.1 de la Constitución, sino que también se viola la legalidad ordinaria; así el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarias a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento». Estamos pues ante una norma viciada de nulidad absoluta.

Hay un vergonzoso antecedente legislativo similar, en la disposición adicional 18 de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2004, aprobada por el Govern de Jaume Matas, dictada con la finalidad de legalizar la casa de Cretu y eludir la ejecución de la sentencia que mandaba la demolición. Si bien no sirvió para este propósito defraudador, pues la mansión del compositor no solo invadía la franja costera de los 500 metros, sino que además se levantaba sobre una cima, lo que no había previsto el legislador artero y chapucero.

B.- Desde un prisma ético, da la impresión de que Bauzá es seguidor de Maquiavelo, a quien por su pensamiento político se le atribuye la doctrina de que ´el fin justifica los medios´, evidenciando un relativismo moral al servicio del poder público, y que seguramente Bauzá desconoce que constituye un antecedente histórico remoto del marxismo.

C.- Desde una óptica política, se trata de una nueva manifestación de autoritarismo, autocracia o despotismo, que convierte el TIL en algo temporal y efímero, hasta que se produzca un cambio de color político en la élite gobernante, siendo los más perjudicados los estudiantes sujetos al devenir de los gobiernos.

La solución pasa por el respeto a los pronunciamientos judiciales, el sentido común y el consenso. La huelga del profesorado no solo es lícita, sino que está plenamente legitimada, y cuenta con el apoyo solidario y comprensión serena de muchos profesionales independientes.