El pleno ratificó el acuerdo adoptado el pasado 13 de septiembre de disolución del Consorcio de Reconversión Paisajística creado en 2008 para buscar medidas de compensación para los propietarios afectados por la ley 4/2008 por la cual se impidió el desarrollo urbanístico de Punta Pedrera, en Sant Josep, Benirràs y parte de Roca Llisa, entre otras zonas.
El alcalde, Josep Marí Ribas, explicó que la Comunitat Autònoma asumirá «las obligaciones» de dicho convenio; es decir, las indemnizaciones que se hayan de pagar por sentencia judicial. Por ahora, los tribunales ya han condenado al Govern a pagar algo más de 18 millones por la protección de Roca Llisa. La Comunitat Autònoma ha recurrido ante el Supremo.
El concejal del PP Javier Marí destacó que la disolución del consorcio es «un ejemplo de la política territorial» del Pacto de dar «mucho bombo al consorcio para acabar tirándolo a la basura porque no se ha hecho nada».
El portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, dio un tirón de orejas al equipo de gobierno por la falta de «medidas contundentes y valientes» para hacer frente a «la crisis ambiental y territorial» que padece el municipio de Sant Josep.
El alcalde reconoció que entendía las críticas de Guanyem, pero en cambio manifestó que no podía consentir «lecciones» del PP, «responsable de los mayores desastres urbanísticos que se han cometido en este municipio».
