Las empresas contratadas para la construcción de la autovía del aeropuerto extrajeron 30.000 camiones de tierra de gran calidad agrícola, que fueron a parar directamente a la finca donde Fiesta Hoteles tenía previsto construir un campo de golf. Los tribunales declararon reiteradamente probado que hubo un acuerdo entre la constructora y la empresa hotelera para depositar allí la tierra, pese a que estaba prohibido, pues debía ir a un vertedero autorizado, tal y como figuraba en el proyecto de la autovía.
Este será uno de los aspectos centrales de la investigación que desarrollará la comisión del Parlament balear, a la que el empresario Abel Matutes -que durante aquellos años tuvo un gran protagonismo en este asunto- deberá acudir para contestar a las preguntas de los grupos políticos.
Ayer, los ecologistas del GEN recordaron que ellos mismos remitieron a la Fiscalía de Palma «detalladas denuncias» sobre las autovías y consideran «incomprensible» el hecho de que el Ministerio Público jamás contestara a esas denuncias.
Frente al desvío de 30.000 camiones de tierra a terrenos privados sin ninguna consecuencia penal, « en Mallorca se llevó gente a prisión por un campo de futbito», afirmó ayer la dirigente del GEN Neus Prats, en alusión al director general del Consell de Mallorca que fue detenido por usar una cantidad menor de materiales públicos para una pequeña obra en su finca. «Aquí se construyó un campo de golf ilegal para empresas de la consellera de Vías y Obras con tierra procedente de los túneles», añadió Prats.
Ortiz y la trama Gürtel
«Ahora, encima, se ha sabido que uno de los adjudicatarios de la autovía pagaba comisiones al PP para financiar el partido ilegalmente. Sería curioso que la obra de las autovías fuera una excepción», añadió.
Enrique Ortiz fue detenido en 2010 por su relación con la trama Gürtel y confesó en abril haber participado en la financiación ilegal del PP.
La comisión de investigación, según han afirmado Més y Podemos, supone una «sangría medioambiental y económica» para Ibiza, por los 24 millones de euros anuales que deben pagarse en concepto de peaje en sombra a la empresa concesionaria.
