La imputación por el caso del aparcamiento de la plaza de España impide (de momento) a Pepita Gutiérrez ser incluida en cualquier lista electoral del PP, aunque si su situación procesal cambiara antes de dos semanas aún podría optar al Parlament balear por el PP, como inicialmente fue propuesta desde Ibiza. «La imputación no me quita el sueño», dijo no obstante sobre uno de sus principales quebraderos de cabeza durante este mandato. Duerme tranquila, dijo, «porque esa imputación no tiene mayor trayectoria jurídica», según le han asesorado. No niega que le gustaría mantenerse en la política, pese a que dice que gana mucho menos que cuando era directora de la sucursal de un banco: «Si puedo seguir, seguiré. Si no, regresaré a mi trabajo anterior», señaló.
La alcaldesa estuvo acompañada en el almuerzo informativo por el primer teniente de alcalde, José Antonio Verdugo; el edil de Urbanismo, José Torres (imputado también por el aparcamiento y, por tanto, de momento tampoco puede ser incluido en las listas del PP), y por la concejal de Fiestas y Juventud, Lidia Costa, que anunció que no quiere repetir la experiencia. El resto de ediles no participaron porque tenían «otras obligaciones», justificó Gutiérrez. Aseguró que durante todo el mandato contó con su equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones: «Las hablé con todos. Pero eso no quiere decir que hubiera unanimidad», comentó. A micrófono cerrado, muchos de sus ediles le reprochan precisamente haber actuado al contrario de lo acordado en las juntas de gobierno.
Gutiérrez dijo que no se arrepiente de nada, ni siquiera de la ordenanza que prohibía ir en bañador por la ciudad, cuyo cumplimiento era prácticamente nulo. Cree que lo positivo de esa ordenanza ha sido que buena parte de los establecimientos de Sant Antoni se han concienciado al respecto y que ya lo aplican en sus negocios. La alcaldesa recordó que Palma incorporó el pasado año una medida similar.
Dentro de su labor de «saneamiento» del Ayuntamiento, Gutiérrez destacó que en el cuarto trimestre de 2011 -poco después de aterrizar en la casa consistorial- se pagaba a los proveedores a 299 días de media, mientras que en la actualidad la media es de 19 días.
«He aprendido mucho de la política y de la gente en estos cuatro años», confesó Pepita Gutiérrez sobre un periodo «en el que sucedió de todo». Y aún quedan dos meses.
