La familia de la desaparecida en un buque del CSIC tras denunciar acoso sexual: “¿Para qué un plan antiabusos si no puedes cambiar de barco?”

El Plan de Igualdad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que incluye “medidas para combatir la violencia contra la mujer”, se creó en el año 2011. A él alude el Gobierno central para reivindicar que su lucha contra los abusos sexuales, más que extendidos en la flota de buques oceanográficos adscritos a la institución –doce denuncias solo entre 2019 y 2023, como ayer divulgó Faro de Vigo, del mismo grupo editorial–, es firme y decidida. Claro que, tal y como ha constatado por escrito el propio Ejecutivo, lo que determine ese Plan de Igualdad es papel mojado si el convenio colectivo que afecta a cada buque dice otra cosa. De modo que las mujeres afectadas por estas conductas de abuso o acoso quedan desprotegidas, como ha sido el caso de Carmen Fernández (Cangas, 1980), desaparecida a bordo del García del Cid el pasado septiembre después de haber denunciado en los juzgados a otro tripulante por una agresión en el año 2019. Si bien el Plan de Igualdad recoge específicamente la posibilidad de trasladar empleados en casos de abusos, a Carmen se le denegó esta opción porque el convenio propio del buque no contempla esta opción. El convenio colectivo del oceanográfico García del Cid, registrado en Barcelona con el código 0807741, es del año 2010. Y sigue vigente.

“Ella pidió cambiar de barco para no tener que volver al mismo. Le dijeron que no podían moverle, que su puesto era para ese en particular”, comparte el abogado de la familia de Carmen, Diego Leis. “Fue una excusa. ¿Qué sentido tiene un protocolo contra abusos si no puedes cambiar de barco?”. Después de haber denunciado al tripulante, en 2020 el caso fue sobreseído por un acuerdo de conformidad. Ella estaría de baja durante dos años, periodo durante el cual el hombre al que llevó a los tribunales por abusos mantuvo su puesto a bordo. “Nosotros no sabemos con qué ambiente se encontró ella cuando tuvo que reincorporarse. Solo seis días después de que el García del Cid partiese de puerto rumbo a una campaña de investigación coordinada por el Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona, y siete después de haberse cruzado con el demandado, Carmen desapareció. Dejó escrito en una libreta su angustia por tener que haber retornado a esta embarcación, “donde me acosaron. Y ahora otra vez, nadie hace nada”. Y remató: “Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”. Carmen, camarera de a bordo y de 43 años, tenía tres hijos.

Leis recuerda que, a juzgar por las cifras admitidas por el propio Ministerio de Ciencia, con esas 12 denuncias por acoso en solo cuatro años –cinco remataron con expedientes disciplinarios, sin despidos–, “el ambiente de acoso a bordo podemos decir que es algo habitual. Queremos que se investigue qué pasó”. Por qué, durante la madrugada del 10 de septiembre de 2023, esta mujer optó presumiblemente por arrojarse a la mar. Su cuerpo nunca fue localizado. En todo caso, el convenio colectivo al que el Gobierno alude para justificar por qué se negó a cambiar a Carmen Fernández de buque es anterior al reivindicado Plan de Igualdad del CSIC y lleva más de catorce años vencido. La única referencia a la palabra “mujer” en él es la siguiente: “No podrán ser enroladas mujeres que se encuentren en estado de gestación ni hijos menores de 14 años”.

La gestión

Son muchos los aspectos que han airado a la familia de esta mujer. Otro más: Carmen fue obligada a realizar un curso contra abusos sexuales antes de reincorporarse al García del Cid en septiembre, a pesar de haber sido ella la denunciante y de tener que asistir a la formación con el resto del equipo del barco, con el que convivió el varón denunciado mientras ella estaba de baja médica. Un mandato que, entienden en su círculo, no casa con la voluntad del Gobierno –expresada este miércoles por la propia ministra, Diana Morant, en el Congreso de los Diputados– de evitar a toda costa la revictimización de las mujeres que denuncian abusos.

Por lo pronto, el abogado de la familia ha presentado ya un recurso contra la decisión del juzgado de Primera Instrucción de Gandía de cerrar el caso por la desaparición de Carmen. “Hay pruebas por hacer. Es que no se realizó ninguna diligencia en sede judicial, se tomó declaración a cuatro testigos pero solo lo hizo la Guardia Civil. Y eran 16 las personas que iban a bordo”. Es más, el capitán del García del Cid solo fue contactado vía Whatsapp para que explicara cuándo había estado en el barco el tripulante denunciado por la mujer desaparecida. El capitán aseguró que este hombre había estado unas 24 horas en el oceanográfico, que abandonó estando en el puerto de Barcelona al sentirse indispuesto. No se contrastó esta versión con el varón en cuestión porque nunca fue interrogado.

“Queremos que se tome declaración a todos los compañeros, en sede judicial, para aclarar si sucedió algo, cuándo coincidieron [Carmen y el denunciado], cómo fue tratada a bordo. Porque ella a uno de sus compañeros le dijo que se sentía acosada laboralmente”. Si la Audiencia Provincial de Valencia no atiende al recurso formulado por Diego Leis, el abogado anticipa que acudirán a otras instancias judiciales, aunque no sean por lo penal, para que el CSIC tenga que dar explicaciones por su gestión.

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