Tres trabajadores de una empresa ‘desokupa’ se enfrentan a 12 años de cárcel

Ocultando sus rostros con pasamontañas, derriban por la fuerza la puerta del domicilio ‘okupado’ mientras sus moradores duermen y, armados con palancas y barras de hierro, amenazan a dos parejas con darles una paliza y cortarles la cabeza para obligarles a firmar un documento de renuncia a permanecer en la vivienda. Así actuaba una empresa especializada en ‘desokupaciones’ que allanó dos viviendas en el valenciano barrio de Benicalap en septiembre de 2021 tras recibir el presunto encargo del dueño de la promotora propietaria de los inmuebles, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Ahora cada uno de los tres trabajadores de Doka Desokupamos SL se enfrentan a penas que ascienden a los doce años de cárcel por cuatro delitos de coacciones y dos de allanamiento de morada, como adelantó en su día Levante-EMV, del Grupo Prensa Ibérica. Así como al pago de 2.520 euros de multa y otros 3.500 euros por las lesiones, y en el caso de uno de ellos, también se le acusa de abusos sexuales a una de las víctimas por realizarle tocamientos en los senos, hecho por el que se le pide una multa de 6.000 euros más. 

El juicio por estos hechos estaba señalado ayer en un juzgado de lo Penal de Valencia, sin embargo la vista oral se tuvo que suspender por la incomparecencia de uno de los acusados. El juez ha ordenado la búsqueda y detención de este procesado para asegurar la presencia en el juicio de todos los acusados, uno de los cuales se encuentra preso por otra causa.

El fiscal solicita una multa de 14.400 € para el dueño de la promotora que los contrató para echar a dos parejas que habían ‘okupado’ sus inmuebles

Además de los tres presuntos autores materiales de los allanamientos de morada y las coacciones, también está procesado el administrador de la promotora propietaria de las viviendas ‘okupadas’ por haber contratado en septiembre de 2021 los servicios de esta empresa de Madrid para "la recuperación de la posesión de los inmuebles", situados en la calle Emilio Marí de Valencia, "prescindiendo del procedimiento judicial legalmente previsto para ello". En su caso la pena que solicita la Fiscalía es de una multa de 14.400 euros por dos delitos de realización arbitraria del propio derecho.

Como ya informó en exclusiva este periódico, en la madrugada del 29 de septiembre de 2021, estos tres trabajadores de la empresa de ‘desokupaciones’ irrumpieron presuntamente mediante el uso de la fuerza en dos viviendas, en ese momento domicilio inviolable de sendas parejas. Previamente a ello ya habían solicitado a otra empresa de seguridad para que instalaran una puerta nueva.

Simularon ser policías

En el segundo inmueble los tres acusados se hicieron pasar por policías exigiendo a sus moradores que abrieran la puerta. Una vez en el interior de la vivienda, tras arrancar violentamente la puerta, los tres presuntos asaltantes obligaron a la pareja a firmar un documento para renunciar a permanecer allí. Las víctimas se encontraban durmiendo y cuando la mujer acudió a la habitación a vestirse porque la sorprendieron medio desnuda, uno de los ahora procesados presuntamente le tocó los pechos al tiempo que le profería expresiones de índole sexual: "Qué guapa eres". Todo ello según el relato de la Fiscalía y la acusación particular, y se desprende de las manifestaciones de las víctimas, que tendrán que declarar como testigos en el juicio.

Agentes de la Policía Local de Valencia, que acudieron al lugar alertados por los vecinos, lograron sorprender in fraganti a los tres trabajadores de esta empresa de ‘desokupaciones’, como informó Levante-EMV.

La Fiscalía solicita que la empresa Doka Desokupamos S.L. pague 2.480 euros en concepto de indemnizaciones por las lesiones a las cuatro víctimas como responsable civil subsidiario. Respecto del empresario que contrató los servicios para ‘desokupar’ sus inmuebles, en la vista oral se dirimirá si realmente era conocedor de los mecanismos violentos empleados por los otros tres acusados para echar a los ‘okupas’. De hecho, solo se le imputan dos delitos de ejecución arbitraria del propio derecho y no los allanamientos de morada, ni las coacciones y ni las lesiones.