Un 70% de los influencers españoles incumple la normativa europea en materia de protección al consumidor

Más del 70% de los influencers españoles estarían incumpliendo la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales. Es la principal conclusión de una investigación que ha llevado a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han permitido confirmar que muchas y muchos creadores de contenido no dejan claro a los consumidores cuándo están publicitando un producto o una experiencia concreta.

La actuación se enmarca dentro de la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores ("Red CPC"), en cuyo barrido por las redes han participado 22 Estados miembros, además de Noruega e Islandia, bajo la coordinación de la Comisión Europea. En total, se han revisado publicaciones de 576 influencers, el 97% con contenido con carácter comercial. Sin embargo, tal y como han podido comprobar, solo uno de cada cinco lo indicaba de forma correcta.

En el caso de España, el gabinete de Pablo Bustinduy —⁠en una actuación conjunta con las autoridades competentes en materia de protección del consumidor de Cataluña, Islas Baleares y Madrid—⁠ ha investigado el contenido que publican más de 40 influencers. Pese a que sus identidades no pueden ser reveladas hasta que se resuelvan sus expedientes, todos ellos y ellas cuentan con un gran número de seguidores y están activos en diferentes redes sociales y en distintos sectores, como la moda, los viajes o el estilo de vida. De esta forma, vieron que hasta tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas.

Mala indicación al lector

En general, las y los creadores de contenido juegan a la ambigüedad con las publicaciones por las que cobran. La Dirección General de Consumo ha comprobado que la mayoría de ellas y ellos no utilizan las etiquetas que proporcionan las plataformas para indicar al lector que se trata de contenido publicitario (como, por ejemplo, 'Colaboración pagada'). Por el contrario, utilizan términos muy genéricos como “publi” o “ad” (abreviatura de la palabra inglesa advertisement, que significa publicidad), o simplemente incluyen un agradecimiento genérico a la marca asociada, lo que dificulta, en su opinión, que el consumidor medio tenga la posibilidad de identificar que se trata de contenido con carácter comercial o publicitario.

Tras esta investigación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enviará a los influencers que hayan incurrido en potenciales incumplimientos de la normativa una comunicación para ofrecerles información y asesoramiento, de forma que su contenido comercial se ajuste a la normativa europea. Asimismo, también informarán a las empresas detrás de estas comunicaciones comerciales de los potenciales incumplimientos y de su responsabilidad al efecto. "En cualquier caso, las autoridades de Consumo se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas, para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa", asegura el Ministerio. Tal y como ha podido confirmar El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica,, las potenciales sanciones al influencer o a la marca, en el caso de no modificar su conducta, podrían alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Muchos consumidores son jóvenes

El Ministerio indica que la realización de esta actuación "es particularmente relevante ya que, en la actualidad, en el entorno online y, muy especialmente, en las redes sociales, las personas consumidoras se enfrentan a menudo a mensajes publicitarios de influencers que no son claramente identificables y que, por lo tanto, podrían inducirles a error". Además, el departamento que dirige Bustinduy recuerda que, en numerosas ocasiones, este tipo de mensajes van dirigidos a un grupo de consumidores especialmente vulnerables, como son los jóvenes. Con todo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que "también entiende que muchas de estas infracciones pueden deberse al desconocimiento. Por tanto, en una primera fase, el Ministerio apuesta por una labor pedagógica y de información que permita a los influencers corregir las conductas inadecuadas y respetar la legislación europea en esta materia".

El objetivo, concluyen, "es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline, ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor".