El Consell de Govern aprobó ayer instar al Estado a impulsar una figura de máxima protección para las aguas del litoral marino que rodean el archipiélago balear. El objetivo es evitar la contaminación que provocan los grandes barcos, tanto cruceros como de mercancías y comerciales, con medidas estrictas como limitar la velocidad a su paso por las islas o el vertido de combustibles y residuos al mar. En concreto, el Govern reclama que Madrid tramite la declaración de las aguas de Baleares como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) ante la Organización Marítima Internacional que depende de las Naciones Unidas (ONU).
La propuesta ha sido impulsada por la conselleria de Medio Ambiente y la de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern y cuentan con el beneplácito del Gobierno central para tramitarla ante la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas.
El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, explicó ayer, tras el Consell de Govern, que «se trata de una figura que ya existen en otros lugares, como es el caso de Canarias, y supone regular y controlar la navegación marítima para evitar los fuertes impactos que provoca la navegación de grandes buques». Según Mir, ello no significa «una regulación específica para cruceros; en todo caso se trata de regular una navegación que provoca grandes impactos ambientales a nuestras aguas en general».
La protección marina supondrá el control sobre cruceros, buques de mercancías y navegación comercial
Según el Govern, la petición de esta figura de máxima protección marítima se debe a que el Mediterráneo representa «una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y es la puerta de entrada de Europa y Asia». Por ello, las aguas de Baleares se encuentran en «un cruce de transporte marítimo internacional que tiene consecuencias muy desfavorables para el medio ambiente marino», añadieron.
Mir indicó también que se trata de «conseguir un marco legal para poder actuar en medidas como la regulación de la velocidad de los grandes buques, controlar los vertidos de residuos y los impactos de esta navegación». El conseller de Medio Ambiente recordó que Baleares es la comunidad de España con más hectáreas marinas protegidas, 187.000, y aseguró que el Estado apoyará ante Naciones Unidas la protección de nuestras aguas.
La propuesta plantea la necesidad de controlar la contaminación marina y otros efectos de la navegación marítima y estudiar medidas de especial protección en torno a las aguas de Baleares. En este sentido, la declaración de ZMES de Naciones Unidas supondrá el reconocimiento de que Baleares es una zona «especialmente vulnerable por la contaminación». Esta figura está en vigor desde 2004 en aguas de Canarias y se aplica también en las islas Galápagos y al Mar Báltico.
Plan de Inundaciones
Por otra parte, el Consell de Govern también aprobó ayer el nuevo Plan Especial sobre Riesgo de Inundaciones (Inunbal), quince años después de su aprobación, algo que el portavoz del Govern, Iago Negueruela, calificó de «hito» importante para las islas. Este plan, ya anunciado hace unos meses, pasó ayer el trámite de aprobación por parte del Ejecutivo autonómico. Por primera vez se incluyen las posibles consecuencias del cambio climático a raíz de precipitaciones intensas sobre el archipiélago.
Colegios: un 16% de alimento local y ecológico
El Govern introduce nuevas cláusulas ambientales, alimentarias y amplía las sociales para las empresas que quieran contratar con la administración pública. De esta forma, entre otras medidas, obligará a los comedores escolares, hospitales o residencias públicas a que adquieran un 16% de los alimentos ecológicos y de venta directa, lo que significa que deberán ser adquiridos a agricultores o explotaciones agrarias de las islas. Asimismo, se exigirán mejoras de eficiencia energética y ambientales en todas las obras públicas y en las viviendas sociales que impulse el Govern.
De igual modo, se amplían las cláusulas sociales para que incluyan la contratación a través de centros especiales de ocupación, inserción y exclusión laboral y social. Hasta el momento se exigía un 3% y ahora pasará al 10%. En el marco de la de ocupación protegida, se exigirá la contratación no inferior al 30% de trabajadores con discapacidad o exclusión social.
La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, explicó que la inclusión de este tipo de cláusulas sociales, ambientales y de alimentación supone un avance importante, ya que «todas las empresas que quieran contratar con la administración públicas deberán estar sujetas a ellas».
