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Diario de Ibiza

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Matutes se desmarca de las obras sin licencia de retirada de tierra en Platja d’en Bossa

La propiedad sostiene que sólo recibió el aviso de que se iban a evacuar los áridos en cumplimiento de una sentencia judicial y que no podía imaginar que estando implicado el Govern no hubiera una autorización

La orden de paralización precintada en la verja de entrada a la finca y, al fondo, las máquinas paradas. | D. I.

El Grupo de Empresas Matutes se desmarca de las obras sin licencia de extracción de tierra en la finca número 56 de su propiedad en Platja d’en Bossa, al sur de la balsa de drenaje de la autovía del aeropuerto, y que han sido paralizadas por orden del Ayuntamiento de Sant Josep. Fuentes del grupo empresarial recuerdan que la evacuación de áridos en este terreno obedece a una sentencia judicial firme que obliga al Govern balear a hacerlo. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó también a la Comunitat Autònoma a indemnizar a la propiedad con un millón de euros.

El tribunal ordenó la retirada de la tierra sólo en las fincas 56 y 59 porque quedaron al margen del pacto entre Matutes y la concesionaria, la UTE Accesos Ibiza, para aprovechar la tierra extraída durante las obras de la autovía del aeropuerto para el futuro campo de golf que se proyectaba en Platja d’en Bossa. Así, la constructora se ahorraba el coste del traslado de los áridos a un vertedero autorizado, incumpliendo con ello una de las condiciones estipuladas en la contrata.

Tras las sanciones impuestas por el Govern a la UTE Accesos Ibiza (765.000 euros en total) por su negativa a retirar la tierra en estas dos fincas, la concesionaria finalmente comunicó a principios de este año que iba a cumplir la orden. Entonces, ésta cerró un acuerdo con Transportes Romero para que evacuara los áridos y se comunicó a la propiedad, que no intervino de ninguna manera.

De este modo, las fuentes consultadas de la propiedad de los terrenos señalan que la concesionaria y el Govern balear «deberían haberse puesto de acuerdo en pedir la licencia» al Ayuntamiento de Sant Josep. En este caso, agregan, Transportes Romero es la parte que «menos culpa tiene» y, paradójicamente, será sobre la que «probablemente recaiga una sanción». De hecho, el expediente de diligencias previas, anterior al de sanción, se ha notificado tanto a Transportes Romero como a la propiedad de los terrenos, tal como determina la ley balear de Urbanismo, según explican fuentes del Consistorio.

El Grupo de Empresas Matutes sólo recibió el aviso de que se procedería a retirar la tierra de su propiedad. «No nos podíamos imaginar que estando el Govern implicado no tuvieran licencia para hacerlo», apuntan las fuentes consultadas de la propiedad, que agregan que, al tener que dar cumplimiento a una sentencia, «se supone que esta cuestión se arreglará en cuestión de días».

Distinto es el caso de la retirada de tierra en la finca de Matutes afectada por el pacto de golf (situada enfrente de la actual, al otro lado de la calle Gamba Roja), que también fue paralizada por el Ayuntamiento al carecer de licencia. En este caso, las fuentes del Grupo de Empresas Matutes admiten que se tendría que haber «supervisado» que Transportes Romero tramitaba una licencia para extraer los áridos. «Actuamos de buena fe para resolver el problema de las tierras, que tenían que salir de ahí».

Tierra gratuita

Transportes Romero se mostró interesado en aprovechar la tierra acumulada en Platja d’en Bossa y, según la propiedad, se cerró un acuerdo con la condición de que se ofreciera «gratis» a terceros, cobrando sólo el coste del transporte. La propiedad tampoco obtenía nada a cambio, recuerdan.

Esta actividad se inició hace seis años e inicialmente el Ayuntamiento de Sant Josep sostenía que el Govern debía autorizar y supervisar si esta actividad cumplía la normativa, mientras que, por su parte, la conselleria balear de Territorio y Transportes pasaba la pelota al Consistorio y argumentaba que éste debía conceder una licencia. Finalmente, en marzo de este año, el Consistorio ordenó la paralización de los trabajos al constatar que ninguna autorización amparaba esta actividad. En este caso, el Consistorio ya ha notificado la apertura de un expediente de sanción tanto a Transportes Romero como a la propiedad del terreno.

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