El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobará el jueves en pleno la vía para restringir la apertura de fumaderos (clubes sociales para el consumo de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas legalmente permitidas) y salas de juego en el municipio.
En menos de un mes, los servicios técnicos han hallado el encaje legal para incorporar las medidas en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue rechazada en el pleno anterior por los votos en contra del primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE), y los dos grupos de la oposición. Este desencuentro entre los socios de gobierno (PP, Ciudadanos y PxE) abrió una grave crisis en el equipo de gobierno aún no resuelta.
Tal como avanzó este diario, finalmente no se prohibirán estas actividades, pero se impondrán condiciones que dificultarán la puesta en marcha de nuevos establecimientos de este tipo. Tras la modificación del planeamiento, sólo se podrán abrir fumaderos en locales situados en edificios en los que no haya ningún otro uso (ni residencial) que, además, deben ubicarse a una distancia mínima de 200 metros de centros de educación y atención a menores.
En el caso de las salas de juego, el decreto que desarrolla el reglamento de la ley 8/2014 del juego y las apuestas en Balears prevé que este tipo de establecimientos se sitúen a un radio superior de 100 metros de centros de enseñanza y atención a menores. El planeamiento de Sant Antoni añadirá ahora la obligación de que estos negocios se ubiquen en edificios que sólo se destinen a este uso. Sólo se permitirán en establecimientos turísticos si dan servicio a las personas ahí alojadas.
Estas condiciones se incorporarán en la modificación puntual del PGOU que fue desestimada en el pleno del mes pasado. Esta prevé ampliar la capacidad de aparcamiento en los sótanos de los edificios, la construcción de piscinas en las terrazas de los establecimientos turísticos y otros usos, así como la finalización de edificios inacabados, construidos en su día con licencia, que incumplen la normativa sobrevenida.
El primer teniente de alcalde, Joan Torres, da por buena la regulación prevista para limitar la apertura de fumaderos y salas de juego en Sant Antoni a pesar de que inicialmente se había pactado que se prohibirían. Torres fue quien impulsó la propuesta, pero el secretario la retiró de la modificación puntual del PGOU al advertir de que de que no se podía prohibir. La propuesta fue eliminada sin informar de ello a Torres, según denunció.
El primer teniente de alcalde asegura que si en menos de un mes se ha hallado una solución, «se confirma que se podría haber evitado el lío que se montó en el pleno anterior», cuando el alcalde, Marcos Serra, forzó la votación de la modificación puntual del PGOU, sin la regulación de los fumaderos y las salas de juego, a pesar de que sabía que la iba a perder.
Críticas de Torres a sus socios
Torres pidió al alcalde antes del pleno, y también durante el mismo, que dejara sobre la mesa la votación de la modificación puntual del plan urbanístico a la espera de que se incorporara la regulación de los fumaderos y las salas de juego, pero no le hizo caso y siguió adelante y provocó que su socio de gobierno votara en contra, tal como había advertido previamente. «Si en tres semanas hemos sido capaces de arreglarlo, me reafirmo en que el alcalde forzó la votación sólo para hacer quedar mal a mi partido y a mí», dice el concejal de PxE, con lo que evidencia que la crisis de gobierno aún no se ha resuelto.
De hecho, el primer teniente de alcalde asegura que ahora le ha reiterado a Marcos Serra su «malestar» por haber provocado hace un mes «una votación innecesaria». «Espero que después de la sobreactuación del alcalde y de Ciudadanos, que pidió mi destitución, ambos recapaciten antes de armar un lío. Me responsabilizan a mi, pero si en 15 días se ha resuelto [el encaje legal de los fumaderos], se constata que lo montaron ellos», subraya Torres, que también ha pedido al alcalde que los informes de las alineaciones urbanísticas sigan en manos del departamento de Obras Públicas, el otro frente urbanístico abierto que divide al equipo de gobierno.
