La Administración general del Estado en las Pitiusas «colapsará» en un plazo de «entre cinco y 10 años» si no se «fidelizan las plantillas» de funcionarios, es decir, si no se pone ya remedio a la sangría de personal que padece, advirtió ayer Miguel Ángel Romero, secretario general de servicios públicos de UGT de Balears, en la jornada sobre las consecuencias de la insularidad en diferentes servicios públicos, organizada por este sindicato y celebrada en el salón de plenos del Consell.
Sobre ese «déficit y la difícil cobertura de personal» que tiene Balears, llegaron a dos conclusiones: sobre todo «se manifiesta en las islas menores, especialmente en Ibiza», y la principal causa «es el precio de la vivienda».
«El ánimo de estas jornadas -según Romero- es juntar a las tres administraciones (autonómica, municipal y estatal) para llegar a un análisis, que podría ser compartido, e intentar entre todos plantear una serie de propuestas para evitar el colapso que se puede producir en la Administración en cinco o diez años». Evitar que entre en estado catatónico requiere «que se planifique la sustitución de personal que se producirá en la Administración general del Estado» en breve, concretamente en «la prestación presencial de servicios a la ciudadanía en los ámbitos sanitario, educativo, extranjería, de Guardia Civil, de Policía Nacional o Local», entre otros.
El sindicato advierte de que «todos esos servicios requieren, con carácter urgente, que se fidelicen las plantillas». Son puestos «de difícil cobertura» en los que es preciso «equiparar la insularidad, la indemnización por residencia, a la de otros territorios», indica Romero: «Debe ser actualizada. Hay una total desconexión entre las cuantías que se pagan con la realidad. No es razonable que un policía perciba en Ibiza 70 euros más que lo que recibiría en Cáceres. No tiene sentido».
Romero apuesta por «establecer un complemento de fidelización para los puestos de trabajo que no se cubren», de manera que, «de manera inmediata, se corrija esa situación y se evite el colapso de la Administración». Ya hay, asegura, un déficit de plantilla «manifiesto». Y pone un ejemplo: «Si se va a jubilar, pida la cita un año antes o no se la pagarán a tiempo». A su juicio, no es normal que cuando hay que sustituir a un profesor por una enfermedad «se necesiten dos meses de media». Esa dificultad se debe a que «un sustituto que venga un solo mes pierde dinero». Al final, vienen, «pero por los puntos para una futura contratación, ya que les cuesta dinero estar aquí».
Subida del 2%, inflación del 4%
Tampoco tiene sentido, señala, que los presupuestos generales del Estado vayan a incluir un incremento de salarios del 2% para empleados públicos cuando la inflación, desbocada, ya está a más del 4%: «Por eso UGT no ha refrendado ese aumento en el ámbito estatal. Esperamos que en el ámbito de la Comunitat Autònoma eso sea un suelo que permita, a través de determinados complementos u otros instrumentos, paliar esa carestía (...) ». Instrumentos como «la reducción de jornadas, estabilizar plantillas o aumentar personal».
La consellera de Función Pública del Govern, Mercedes Garrido, que participó también en la jornada, señaló, precisamente, que la solución no pasa sólo por mejorar el plus de insularidad: «Muchas veces nos comparamos con Canarias o Ceuta y Melilla. Pero hemos de reivindicar esta insularidad digna para prestar servicios en esta Comunitat con las características propias de Balears, teniendo en cuenta qué problemas tenemos aquí y cómo hemos de abordarlos aquí, de manera diferente a otros territorios».
Si bien Calvo dice que «no hay que resignarse» a que algún día el plus de insularidad aumente tal como exigen los funcionarios, avisa de que esa negociación va para largo
Aina Calvo, delegada del Gobierno en Balears, se explicó al respecto con mayor claridad que Garrido. Si bien Calvo dice que «no hay que resignarse» a que algún día el plus de insularidad aumente tal como exigen los funcionarios, avisa de que eso va para largo: «Es un proceso de negociación intenso y largo. No será inmediato». Olvídense, pues, de que sea en esta legislatura. Por eso Calvo cree que hay que ser prácticos y, en su lugar, «trabajar en otras medidas que puedan afianzar unas mejores condiciones y nos hagan más competitivos». El Estado tiene «otros instrumentos -al margen del plus de insularidad- que podrían aliviar esta situación y que se podrían tomar con carácter inmediato». Apuesta, en ese sentido, por «ser creativos», por ejemplo, mediante «incentivos para convocatorias territorializadas. No hay que librar toda esta batalla centrados en la insularidad y en el plus, aunque sea fundamental». Eso sí, la delegada del Gobierno reconoce que, aunque sea del PSOE, en este asunto actúa como «patronal». Es decir, no se lo va a poner fácil a los sindicatos.
Plan de refuerzo
Calvo reconoce que «hay muchas plazas sin cubrir» en la Administración general del Estado. ¿Por qué no se cubren? «Porque el funcionario -explica- se encuentra con una dificultades para vivir y para acceder a la vivienda en estas islas y no arraiga, de manera que se va en cuanto tiene la más mínima oportunidad. Eso significa una altísima rotación de personal que va en detrimento de la prestación de servicios».
La delegada del Gobierno aportó «una buena noticia»: el Ministerio de Política Territorial «trabaja» en un plan de refuerzo de la Administración general del Estado en todo el territorio español «que contempla la posibilidad de tener planes específicos por razones de insularidad, sobre todo para dotar plazas que son difíciles de cubrir». Trabaja, pero aún no hay nada concreto.
