Nada parece indicar en los apartamentos Don Pepe que, el día anterior, el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, anunciara que los vecinos del bloque A deberían evacuar sus casas de manera «inmediata» y confiaba en que accederán voluntariamente. Guerrero se manifestaba así después de que un auto judicial descartara la suspensión cautelar de la orden de desalojo que pedía la comunidad de propietarios. En su escrito, el juez supedita esta medida a que el Ayuntamiento ofrezca una morada a las familias «mientras se realizan las obras necesarias para la estabilidad del edificio, garantizando la seguridad de sus ocupantes, si técnicamente fuera viable».
A las once de la mañana, reina la calma más absoluta entre los dos edificios de es Codolar. Solo se observa al empleado de un supermercado descargando un pedido y a una cartera con un paquete postal. A los pocos minutos, sale Chari García a pasear a sus perros antes de irse a cumplir con su turno de trabajo. Se muestra serena y firme.
«Estoy muy tranquila y seguiré aquí, a no ser que vengan con una orden judicial y una vivienda alternativa, como dice el juez». Al igual que ella, los vecinos consultados se aferran al texto del auto que dispone que el Ayuntamiento debe ofrecerles un realojo temporal mientras se estabiliza el edificio, en caso de que sea viable.
Por su parte, el Consistorio había anunciado que iba a recurrir esta disposición y, además, indicó que no le compromete porque no se puede conceder licencia de obras a un bloque fuera de ordenación. Así, de momento, los vecinos afectados solo cuentan con la opción que ofrece Sant Josep para hospedarse dos meses en los apartamentos turísticos Bon Sol.
Engañada por las instituciones
A Chari García, que vive con su pareja y dos hijos, aún le quedan diez años de hipoteca del apartamento que adquirió hace 22. «En ningún papel constaba que mi casa fuera ilegal o estuviera en ruinas», recuerda.
Es la misma situación de Pastora, también con pareja, dos hijos e hipoteca pendiente, aunque, en su caso, esta situación le produce desasosiego. «Casi todos los vecinos estamos yendo al médico por ansiedad».
"Me siento totalmente desprotegida y engañada por las instituciones, porque no han cumplido con su responsabilidad al consentir que nos compráramos unas viviendas que ahora dicen que son ilegales"
«En el registro de la propiedad no se indicaba nada irregular de estos pisos ni que no se pudieran comprar», abunda Pastora. «Si ahora el Ayuntamiento se da cuenta de que no aparece la licencia de cuando se construyó el edificio [1964], pues que hubieran hecho su trabajo en su momento para proteger a los ciudadanos». «Yo ahora me siento totalmente desprotegida y engañada por las instituciones, porque no han cumplido con su responsabilidad al consentir que nos compráramos unas viviendas que ahora dicen que son ilegales», lamenta.
«Nadie se va a mover»
Raimona Jaimez sentencia que no abandonará su domicilio. «De aquí nadie se va a mover. Son nuestras casas, las compramos de buena fe y no tenemos la culpa de que la Administración no hubiera hecho su trabajo. Nos dejan fuera de ordenación por un papel».
"Estoy enferma y, con los precios que hay en la isla, ¿dónde voy a ir? Si nos echan, me abocan a la indigencia"
Esta vecina reside en es Codolar desde el año 95 y ya pagó la hipoteca, «gracias a Dios». Sin embargo, hace más de un año que está de baja por fibromialgia y, sin poder trabajar, subsiste con la ayuda de sus dos hijos, ya independientes. «Estoy enferma y, con los precios que hay en la isla, ¿dónde voy a ir? Si nos echan, me abocan a la indigencia».
Jaimez insiste en que los vecinos solo reclaman una licencia para reparar los daños estructurales del edificio, «no dinero del Ayuntamiento». Sant Josep ofrece una compensación a los propietarios cercana a los dos millones de euros, por los terrenos donde se levanta el edificio, así como asumir los costes del derribo. Esta cifra supone unos 28.000 euros por apartamento. «Nos han estado cobrando impuestos y ahora no dejan reformarlo, cuando este edificio lleva aquí 57 años y entonces no existía la Reserva Natural de ses Salines».
"Parece que al alcalde le importa más tirar abajo el bloque que las personas que vivimos aquí"
Desde uno de los balcones asoma Isidora Martín, una empleada del DC-10 que se encuentra en ERTE. «Ahora solo puedo trabajar unas pocas horas en La Kokotxa», detalla tras bajar al aparcamiento. Le quedan cinco años de hipoteca. «Estamos muy enfadados porque parece que al alcalde le importa más tirar abajo el bloque que las personas que vivimos aquí», lamenta Martín. Además, critica que en el mismo municipio se han legalizado zonas de Platja d’en Bossa y de Cala Tarida.
«Ahora, en Son Banya les proporcionan viviendas para desalojar el poblado y a nosotros, que somos propietarios de clase trabajadora, nos quitan las nuestras y no nos dan alternativas», critica Martín. «Y eso que allí están gobernados por el mismo partido». Se refiere al acuerdo para desmantelar el conflictivo poblado de la capital mallorquina, aprobado por unanimidad política en el Ayuntamiento de Palma hace un mes. Después de un primer programa de reubicación en 2018, ahora el Patronato Municipal de Vivienda y el Ibavi del Govern balear, se han comprometido a buscar entre 30 y 35 viviendas para las familias afectadas de Son Banya.
