El Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto un expediente sancionador al propietario de una finca de la carretera de Cala Tarida por acumular toneladas de residuos contaminantes y peligrosos, y un centenar de vehículos y embarcaciones en estado de abandono.
El consistorio le da un mes de plazo para retirar todos estos restos y le ordena la restitución de la finca a su estado original, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, ha explicado que se ha tenido "mucha paciencia en este caso", pero que la situación "está llegando a un punto insostenible" que no se puede "tolerar por más tiempo".
La finca ha sido objeto de reiteradas quejas por el riesgo ambiental y de seguridad, por las que el consistorio ha pedido repetidamente al propietario que asuma su obligación de mantenerla en buen estado.
Desde 2016
Los primeros avisos de la situación llegaron el 2016 y motivaron varias inspecciones que han confirmado la acumulación de residuos peligrosos, como materiales químicos contaminantes y combustibles, junto con evidencias de la reparación de vehículos y embarcaciones a cielo abierto y sobre un suelo permeable.
También se acumulan los restos de materiales de construcción, sin medidas de prevención de riesgos ni de cuidados de la vegetación.
El principal riesgo de la finca lo representa la acumulación de turismos, camiones y maquinaria de gran tonelaje, además de embarcaciones en un número creciente, explica el consistorio.
El último recuento que incluye el informe jurídico señala la existencia de 41 vehículos y 59 embarcaciones de gran eslora, número que se ha duplicado en el último año.
Después de que todos los intentos de negociación hayan sido "infructuosos", el ayuntamiento ha abierto un expediente que puede acarrear cuantiosas sanciones económicas.
Transcurrido el plazo de un mes que tiene la propiedad, el Ayuntamiento podrá actuar de manera subsidiaria reclamando los costes de la operación.
El expediente también ha sido remitido a la Conselleria de Medio Ambiente y se prevé enviar a la Fiscalía de Medio Ambiente por si considera que la situación puede constituir delito.
