Cinco días para finalizar el estado de alarma y todas las restricciones están en el aire. La presidenta del Govern, Francina Armengol, espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sobre qué medidas podrá seguir aplicando para contener el coronavirus a partir del lunes en las islas y la preocupación es máxima en el gobierno autonómico. El rechazo de la Fiscalía a las principales medidas encendió ayer todas las alarmas, no tanto por la oposición sobre el toque de queda, como por una medida que se daba por segura y sobre la que se sustenta todo el edificio restrictivo: la limitación del número máximo de personas en las reuniones sociales y familiares en domicilios. Si esta medida cae, se tambaleará toda la arquitectura de restricciones en el archipiélago y puede forzar a un cambio drástico en la estrategia contra el coronavirus por parte del Govern.
Con la voluntad de mantener el grueso de las restricciones, el Govern realizó el lunes una consulta al TSJB sobre qué medidas puede seguir aplicando una vez decaiga el estado de alarma, con las dudas puestas principalmente en el toque de queda, los controles sanitarios en aeropuertos a los pasajeros nacionales y el máximo de personas en las reuniones sociales, familiares y también en lugares de culto. Si bien hasta la fecha la Justicia ha dado el visto bueno a todas las restricciones aplicadas en las islas, también cuando no había estado de alarma, ayer un escrito de la Fiscalía alertó al Ejecutivo regional.
Las reuniones, claves
Cuando las dudas parecían concentrarse en el toque de queda, algo para lo que incluso ya se estaba preparando el Govern, la Fiscalía cuestiona ahora la limitación en reuniones sociales y familiares.
El fiscal superior, Bartomeu Barceló, en un escrito registrado ayer, respalda mantener los controles sanitarios a los viajeros procedentes de la península, así como el mantener un aforo de solo el 50% en actos de culto -una medida que impediría por segundo año la celebración del final del Ramadán por parte de la comunidad musulmana-. Sin embargo, se opone tanto al mantenimiento del actual toque de queda entre las 23 y las 6 horas, alegando falta de respaldo jurídico a raíz del decaimiento del estado de alarma, como a que se limiten las reuniones familiares y de amigos a seis personas como hasta la fecha. Y eso último es lo que ahora mismo más preocupa al Govern.
«Le hemos hecho consulta al TSJB y ahora es el quien se tiene que pronunciar», respondió la presidenta al ser preguntada ayer por el posicionamiento del ministerio fiscal, y alertando de que «si el TSJB dice que no se pueden aplicar no se pueden aplicar y sólo podremos buscar otras medidas alternativas». El Govern ya sabe que no puede recurrir al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha descartado dar cobertura a las comunidades para mantener las restricciones que decaen el domingo.
Si bien esas «medidas alternativas» que plantea Armengol servirían para compensar el final del toque de queda, lo que preocupa al Govern es que pueda tumbarse la limitación al número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios, establecida desde octubre. Previamente se limitó a 15 en agosto y 10 en septiembre.
Pese a que el TSJB llegó a avalar esa medida sin estado de alarma entre septiembre y octubre, el miedo reside ahora en que la situación sanitaria no es la misma de entonces y en que los tribunales de otras comunidades ya han tumbado la medida, lo que podría llevar al tribunal a asumir los argumentos de Fiscalía.
Miedo a desescalar rápido
Si la medida decae, no habría ninguna limitación a las reuniones sociales. Una situación que los científicos que asesoran al Govern temen que pueda suponer un repunte de contagios por el riesgo de los interiores, al tratarse de espacios sin uso de mascarilla y por el clima de relajación.
Además, perderían todo el sentido las restricciones en el interior de bares y restaurantes o las limitaciones de aforo. Cabe recordar que en enero, el Govern prohibió las reuniones sociales y familiares en casa paralelamente al cierre total de bares y restaurantes, para evitar que con los establecimientos cerrados, los ciudadanos desplazaran sus encuentros sociales a sus casas, y que sólo se han vuelto a permitir cuando se han empezado a desescalar las restricciones en la hostelería.
