La junta de gobierno de Sant Antoni revocó hace unos días la licencia del chiringuito en la zona de rocas, en primera línea de costa, de Cala Gració, junto a la desaladora. Pese a que en el pasado mandato el Ayuntamiento informó favorablemente a su apertura (la autorización depende de la Demarcación de Costas), en la temporada de 2018 se montó el local de madera pero no llegó a iniciar la actividad después de que el anterior gobierno municipal, de PSOE y Reinicia, rectificara su posición inicial e impidiera su apertura. Con una capacidad para 11 mesas y 28 sillas, este negocio no podrá abrir si no tramita una nueva concesión ante Costas. El chiringuito se desmontó tras el verano de 2018.
El equipo de gobierno ha rechazado las alegaciones del promotor del chiringuito (la entidad Bambagas SL) contra el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento a finales de enero para revocar el permiso de instalación. Se basa en que el chiringuito que se montó en Cala Gració no se ajusta al proyecto ni a la declaración responsable que el promotor presentó en su día. En concreto, la tarima del negocio se sustentaba sobre unos pilares de madera debido al desnivel del terreno rocoso cuando no se había previsto. Esta estructura provocaba un aumento de la altura de la instalación y un mayor impacto visual. Además, se colocó una barandilla no prevista en el proyecto que no sería necesaria en el caso de que la terraza se hubiera colocado a ras del suelo, tal como se había previsto inicialmente.
El anterior gobierno de izquierdas trató de declarar nulo el permiso otorgado por el Consistorio, pero el Consell Consultiu echó por tierra esta posibilidad.
En octubre de 2018, el entonces alcalde Josep Tur y la concejala de Urbanismo Cristina Ribas (actualmente edil en el grupo de PSOE-Reinicia) declararon en el juzgado en calidad de investigados por un supuesto delito de prevaricación tras la querella que presentó Bambagas SL.
Reclamación de daños
A finales de 2019, representantes de la promotora se reunieron con el actual alcalde, Marcos Serra, del PP, y le informaron de que tenían la intención de abrir el verano pasado. La pandemia del coronavirus, tres meses después, truncó sus expectativas. Los promotores advirtieron al alcalde de que iban a reclamar 1,5 millones de euros al Ayuntamiento como indemnización por daños y perjuicios.
El grupo de PSOE-Reinicia, que celebra que el tripartito de centro derecha haya seguido «la línea de trabajo iniciada por el anterior gobierno» y haya revocado el permiso de actividad, sostiene que no ha lugar al pago de indemnizaciones y pide al alcalde que «cierre definitivamente la puerta a esta posibilidad».
LA CLAVE
LOS ARGUMENTOS
Una tarima elevada y una barandilla no previstas
El Consistorio revoca el permiso con el argumento de que el proyecto no contemplaba la estructura sobre la que se eleva el chiringuito por el desnivel rocoso ni la barandilla de la terraza.
