Al margen de la moratoria o Norma Territorial Cautelar (NTC) que a finales del pasado mandato el anterior gobierno de izquierdas incorporó en el Plan Territorial Insular (PTI), el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, del PP, sostiene que cada vez se construye menos en suelo rústico por «las limitaciones» que impone el PTI. «No se puede segregar [para edificar más viviendas] sin fin. El PTI [en vigor desde hace 15 años] preveía un sistema de autolimitación para que cada vez se pudiera segregar menos: primero 15.000 metros cuadrados, luego 30.000, 60.0000. Por eso cada vez hay menos licencias en suelo rústico», explica Mariano Juan.
La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha), que depende del Consell, dio luz verde el año pasado a la construcción de 38 viviendas en el campo, prácticamente la misma cifra que el año anterior (37). En 2017, sólo se autorizaron 19, la cifra más baja de las últimas dos décadas. Si se observa la evolución de las autorizaciones de viviendas en el campo desde el año 2000 se observa que en los últimos años se ha producido una tendencia a la baja: de los picios de 2007 (114) y 2008 (98), justo en el momento que estalló la burbuja inmobiliaria, las cifras de autorizaciones para construir chalés en el campo han ido a la baja. En 2011, se dio vía libre a la edificación de 87 viviendas, la misma cifra que al año siguiente, pero desde entonces el descenso ha sido considerable.
El vicepresidente primero destaca que la Norma Territorial Cautelar, integrada ahora en el cuerpo normativo del PTI, que impide la construcción en espacios protegidos como, por ejemplo, en suelo forestal y limita el volumen de las viviendas en el campo, también condicionará la reducción de autorizaciones en el campo. En todo caso, sus efectos aún no se notan en las cifras, puesto que la mayoría de los últimos expedientes resueltos son aún del año 2016 (la fecha del inicio de los trámites en los ayuntamientos), anterior a la aprobación de la NTC.
Efecto llamada de la moratoria
De hecho, Mariano Juan asegura que el anuncio de la aprobación de la NTC, a finales de 2017, produjo «un efecto llamada» con el incremento de solicitudes de autorización para edificar en suelo rústico aún no resueltas. Juan indica que, en julio del año pasado, cuando el gobierno de PP y Ciudadanos accedió al gobierno del Consell había «una bola» de aproximadamente 150 peticiones de licencia por resolver. «Las moratorias siempre causan el efecto contrario a lo que se pretende», apunta Juan en alusión al «efecto llamada», aunque eso no implica que todas las solicitudes que se presentan sean luego favorables. En las tres sesiones de la Ciotupha del último año se han ido resolviendo expedientes, pero a su vez han entrado nuevas peticiones, indica.
El vicepresidente apunta que a partir del año que viene se resolverán las solicitudes de licencia acumuladas justo en el momento en que se aprobó la NTC, por lo que prevé «un repunte importante» en el número de expedientes resueltos. En este sentido, el también conseller de Territorio puntualiza que no todas las 150 solicitudes serán favorables, más aún con las restricciones que impone la NTC. «Luego volverá a bajar la curva», indica en referencia a la limitación de las segregaciones que prevé el PTI y también de la NTC.
Para dar más salida a la acumulación de expedientes en la Ciotupha, el Consell incorporará a un arquitecto más, además de a otro técnico para tramitar cuestiones de disciplina urbanística.
En la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, el PP anunció la inmediata derogación de la modificación del PTI aprobada por la izquierda (la incorporación de la NTC al cuerpo normativo), pero no lo ha hecho. El equipo de gobierno sostiene ahora que jurídicamente no se pueden echar atrás los cambios en la normativa territorial insular aprobados por el anterior gobierno y que llevará a cabo una modificación de todo el PTI, tarea que aún no ha iniciado y que se prolongará más allá de este mandato.
