Únicamente el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSOE), tiene previsto, si bien aún no está formalmente decidido, enviar a las arcas estatales el dinero que tiene su Ayuntamiento en forma de remanente para acogerse al pacto alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fuertemente criticado por los partidos de la oposición. Dicho acuerdo busca desbloquear el uso de ese remanente, que permanece intocable desde la Ley Montoro del anterior gobierno del PP.
El resto de municipios ibicencos y también el Consell quedan a la espera de lo que suceda en el Congreso de los Diputados, donde el decreto aprobado por el Gobierno debe ser convalidado a principios del próximo mes. En todo caso, para el 15 de septiembre, y si la iniciativa del PSOE sale adelante (cosa que todos dudan), cada ayuntamiento debe haber manifestado si se adhiere o no al sistema aprobado. El decreto prevé que los ayuntamientos con remanentes económicos los transfieran al Gobierno para que éste los vaya devolviendo progresivamente y las corporaciones locales los puedan ir gastando al fin.
Ibiza. El alcalde Rafa Ruiz considera que «lo ideal sería la derogación de la Ley Montoro», aprobada por el PP, que es la que impide el gasto del dinero que tienen ahorrado ayuntamientos y consells. Sin embargo, admite que la situación actual «es crítica y hay que ser solidarios con el Gobierno». Ruiz señaló que el decreto «plantea que ya se pueda usar un 35% del remanente entre los años 2020 y 2021». «Un mal negocio no parece», opinó. El pacto alcanzado entre la FEMP y Hacienda «puede ser mejorable, pero ¿qué propuesta alternativa plantean quienes lo critican?», se preguntó. También dijo que «todo apunta» a que Vila se adherirá al sistema propuesto, que es voluntario. No esperará a ver el desenlace de la votación en el Congreso. La decisión formal se tomará «la semana que viene o la otra», añadió.
Consell de Ibiza. El presidente insular, por el contrario, aguardará a ver qué sucede en el Congreso, si bien anticipó: «Estamos en contra; se han de producir cambios en el acuerdo, porque no es un buen acuerdo». «Estamos indignados con esta manera de actuar, porque es un chantaje», añadió el presidente en alusión al decreto ley. A la pregunta concreta de si el Consell enviará su dinero a Madrid, Vicent Marí respondió: «Es precipitado decirlo, porque confiamos en que el decreto decaiga, no tenga apoyos y se busque otra fórmula». Según dijo, «nadie se fía» de enviar su dinero al Gobierno, porque podría comprometer la liquidez de cada institución.
Santa Eulària. «Es un acuerdo con el que nadie está de acuerdo», sintetizó la alcaldesa, Carmen Ferrer, quien señaló que «los ayuntamientos que entreguen sus remanentes pueden quedarse sin liquidez». Además, no le parecen bien los «condicionantes» que fija el decreto: «Los ayuntamientos somos gente adulta para disponer de lo que consideremos necesario, pero el decreto te dice qué te puedes gastar y en qué te lo puedes gastar». Santa Eulària tampoco tiene previsto adherirse al pacto, porque «lo que se ha de hacer es replantear la situación, dialogar y reformar el decreto».
Sant Josep. El alcalde, Josep Marí Ribas, consideró que lo idóneo sería que se desbloqueara la totalidad del remanente de los ayuntamientos, «pero esto es algo muy difícil y complejo». La propuesta del Gobierno es algo «que se ha de tener en cuenta y no rechazar tan pronto», señaló. A su juicio, el PP sólo la critica «para desacreditar a Pedro Sánchez». A la pregunta de si enviará su remanente a Madrid, Marí Ribas contestó: «Nos lo tenemos que estudiar». «No me quiero engañar, porque es un tema que está supeditado a lo que ocurra en el Congreso de los Diputados», añadió.
Sant Antoni. «Lo que quiero es que liberen todos los remanentes sin condicionantes», señaló Marcos Serra, quien calificó de «chantaje inadmisible» los «condicionantes» que incluye el decreto para beneficiarse del dinero que enviará el Gobierno. «Los municipios necesitamos disponer de este dinero, que hemos ahorrado», añadió el alcalde, especialmente «viendo la caída de ingresos que se producirá» desde ahora.
Sant Joan. «Me parece una aberración. Por parte de la FEMP se ha roto la tendencia a aprobar acuerdos por consenso. Los ayuntamientos hemos sido los únicos que hemos ahorrado y hemos reducido el déficit», afirmó Antoni Marí Carraca.
