La Fiscalía pide 7 años de prisión para un taxista pirata por tráfico de drogas en Ibiza

El acusado, de 32 años y de nacionalidad venezolana, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de septiembre, será juzgado el 23 de julio por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Palma.

Según se recoge en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se produjeron sobre las 15.30 horas del 10 de septiembre de 2019, durante la realización de un control de personas y vehículos realizado en Sant Antoni por la Guardia Civil.

Los agentes dieron el alto al vehículo conducido por el procesado, que en ese momento realizaba «un transporte ilegal de personas», indica la Fiscalía, que detalla que hacía de «taxi pirata». Tras ser identificado, los agentes encontraron «oculto bajo el asiento del conductor», un neceser «propiedad del encausado», que contenía en su interior un gran número de sustancias estupefacientes.

Concretamente, los agentes hallaron 481 pastillas de MDMA de diferentes formas, colores, pesos y purezas y otros 26 comprimidos de DOB, otra droga sintética. En el neceser también había una bolsa con 50 gramos de marihuana, otra con 48 gramos de resina de cannabis, 106 bolsas con 76 gramos de ketamina, 50 bolsas con 36 gramos de MDMA, 14 bolsas con setas y 196 bolsitas con 152,5 gramos de cocaína, también de diferente pureza.

Además, según el Ministerio Fiscal, el acusado tenía 910 euros procedentes «de ventas anteriores de las citadas sustancias». «La droga incautada la poseía el encausado con ánimo de transmitirla a terceros, habiendo alcanzado en el mercado ilícito en la fecha de los hechos un valor de 21.887,02 euros», resalta.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal acusa al procesado de un delito contra la salud pública y pide, además de los siete años y cuatro meses de prisión, el pago de una multa cuya cuantía asciende a un total de 66.000 euros.

Ni declara ni se le localiza

Ni declara ni se le localizaPor su parte, el abogado defensor, Joan Cerdà, niega que la droga encontrada en el vehículo fuera de su cliente y argumenta que era del pasajero, a quien, sostiene, no se tomó declaración en su momento, lo cual considera «muy extraño», y ahora no se puede localizar.

En su escrito de defensa, el letrado destaca que su cliente, «al poco tiempo de llegar a la isla, con la intención de ganar algún dinero» comenzó a ejercer como «taxista irregular», una actividad que ya había desarrollado en otro país de América del Sur donde se había «refugiado de la crisis económica y sociopolítica venezolana».

Cuando estaba llevando a cabo esta actividad, fue interceptado en el citado control de la Guardia Civil «destinado a localizar y denunciar taxis piratas». El abogado dice que su cliente y el pasajero, de nacionalidad británica, salieron del coche y que entonces los agentes intervinieron dentro del vehículo el neceser con la droga, cuya pertenencia atribuyeron «a priori y sin fundamento alguno» al acusado.

A este respecto, alega, remitiéndose al atestado, que la Guardia Civil «preguntó al pasajero si el conductor le había intentando vender droga».

«El apriorismo policial llega a tal extremo que el pasajero es (mal) filiado in situ, no siendo trasladado a dependencias policiales ni citado para declarar ante la autoridad judicial», apunta y agrega que de él tan solo se sabe lo que consta en el atestado policial, donde se recoge su nombre, número de permiso de conducir británico, edad y que residía temporalmente en un hostal de Sant Antoni.

Según el abogado, su cliente «ni poseía ni, en consecuencia, pretendía vender cantidad alguna de sustancias estupefacientes». Por ello, solicita su libre absolución.

En su escrito de defensa, presentado el pasado 7 de marzo, el abogado pide que en el juicio declare como testigo el hombre que viajaba en el taxi. Sin embargo, según un escrito remitido a la Audiencia el pasado 4 de junio por el Ayuntamiento de Sant Antoni, el testigo no se encuentra en el domicilio facilitado, que era el hostal donde se alojaba en septiembre de 2019. «Se desconoce el paradero actual», se dice. Esta información fue trasladada a las partes el pasado 9 de junio para que alegaran al respecto.

En relación a ella, el abogado se dirigió el 15 de junio a la Sección Segunda de la Audiencia y criticó lo sucedido. «Nos hallamos ante un juicio en el que se pide a nuestro representado-defendido pena de cárcel y no está localizado el principal testigo de los hechos, sin cuya declaración el derecho de defensa quedaría laminado», sostiene.