Tras su paso por el Ayuntamiento de Santa Eulària como concejal de Urbanismo, Mariano Juan ha dado el salto al Consell de Ibiza como vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo. Juan es licenciado en Derecho y durante su carrera profesional ha sido asesor jurídico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt y ha trabajado en la secretaria técnico-jurídica del distrito de Sants-Montjuïc del Ayuntamiento de Barcelona. Juan tiene varios frentes abiertos en esta legislatura que acaba de estrenar, entre estos la creación de la oficina para luchar contre el intrusismo, que incluye erradicar los pisos turísticos, los taxis piratas y la eliminación de las vallas publicitarias. Además, en sus manos también está el Plan Territorial Insular y las obras de la reforma de la carretera de Santa Eulària, entre otras.
¿Cuáles son las prioridades de la nueva oficina de intrusismo?
La prioridad de la oficina es constituirla y crearla porque legalmente no está constituida. Hay gente trabajando, pero legalmente no está creada porque hay que pasarlo por el pleno insular. Con constituirla me refiero a dotarla de personal, a dirigir más recursos administrativos de otros departamentos. La segunda prioridad es saber dónde estamos. Nos hemos encontrado una situación administrativa realmente dramática porque, en este momento, ni en transporte ni en turismo sabemos cuántos expedientes de pisos turísticos hay. El programa de administración electrónica no te lo dice, no lo califica por tipo de infracción. Nos encontramos con que tiene que ir una persona, físicamente, contando los expedientes y es realmente patético. Por tanto, tenemos que poner orden y saber cuántos expedientes tenemos. La tercera prioridad es desatascar los expedientes que están durmiendo el sueño de los justos sobre la mesa.
¿Hay muchos expedientes atascados?
En este momento hay aproximadamente 70 expedientes con infracciones constatadas en pisos turísticos desde el 2017, y están pendientes de iniciarse los procedimientos sancionadores. Ya no es solo cuántos hemos abierto nosotros, sino los que hay por iniciar. Las infracciones turísticas prescriben a los tres años por lo que las de 2017 están a punto de prescribir y son una prioridad. Y esto ha pasado porque [en el anterior gobierno]se entendió que se debía priorizar e iniciar expedientes, en lugar de resolverlos. Lo que se hacía era iniciar expedientes de las infracciones leves, que tienen un año antes de prescribir. Esto ha provocado un efecto pernicioso, que es que la pelota ha ido creciendo y estamos llegando al límite de estos tres años y tenemos 70 expedientes, hay 140 en total, pendientes de inicio. Además, ha provocado esta sensación de impunidad porque las infracciones graves son las que no se han iniciado. A los infractores de pisos turísticos, y hay muchos que son profesionales, se les hicieron inspecciones desde 2017 y no se les ha abierto expediente. Y esto es grave. La prioridad no es abrir más expedientes, la prioridad es desatascar todo lo de 2017.
¿En cuánto tiempo se pueden desencallar estos expedientes?
Dependerá de los recursos con los que contemos. Ahora mismo, los instructores nos han pedido tiempo para poner en orden el desbarajuste que tienen sobre la mesa y no es culpa suya. No puedo dar un plazo porque sería mentir, pero querríamos que el año que viene, esta pelota que tenemos de expedientes, estuvieran medianamente instruidos para luego poder abordar los que hemos iniciado nosotros.
Dice que en total hay 140 y de éstos 70 son de pisos turísticos. ¿A qué corresponden el resto?
Es muy disperso, los otros son de mil categorías diferentes: restaurantes, hoteles, etc. Infracciones turísticas puede haber muchas, pero lo que es intrusismo son los pisos turísticos.
Su intención es conseguir poder precintar los pisos turísticos irregulares. ¿Cree que será posible?
Las armas jurídicas que tenemos son la que tenemos, ya nos gustaría que hubiera una ley turística que lo dijera, aunque sí que habla del precinto turístico de forma genérica, por eso vamos a utilizar esta generalidad de la ley para hacerlo. La problemática es de plazos porque no es un hotel o un restaurante, son domicilios y esto plantea un problema de inviolabilidad e implica la necesidad de tener una resolución judicial. Entendemos que, cuando se detecte el uso turístico, se decretaría la suspensión del uso y si se comprueba ese uso se pedirá al juzgado la autorización para precintar el inmueble. Esto presenta una dificultad de tiempo.
¿Cuál es la prioridad para combatir estas irregularidades?
Hay que priorizar las inspecciones contra los grupos profesionales. Tenemos localizados anfitriones en Airbnb, gente que comercializa pisos y que tiene 70, 100 ó 150 inmuebles.Evidentemente son grupos organizados, por no llamarlos de otra manera, que se dedican a esto y hacen actividad económica. Tenemos que priorizar y luchar contra estos grupos.
A lo largo de esta temporada, ¿se ha ido contra estos grupos?
Sí, durante esta temporada hemos abierto 80 diligencias previas de pisos, fruto de estas inspecciones que se han hecho junto a la Guardia Civil, Policía Nacional y con las policías municipales. Y de éstos 80, los hay que son de grupos organizados.
¿Cómo se puede acabar con estos grupos organizados?
Todos los problemas son multifactoriales y, por lo tanto, no hay una solución única. Hay que estar encima de la inspección y precintar los pisos, si los jueces nos lo permiten, y si no nos lo permiten habrá que pedir al Parlament que haga una legislación que nos lo permita. No es un problema solo de Ibiza, es un problema de Balears. Si la actual legislación no nos lo permite, deberemos pedir una modificación de la ley. Además, hay que hacer marcos de colaboración con los grandes intermediarios, con las grandes comercializadoras, para que retiren los anuncios que sean denunciados por el Consell. Si el Consell ve que hay un inmueble que no tiene el número de registro turístico, que se retire. Vamos a ver si se prestan a colaborar. Es importante porque es una manera mucho más rápida para atajar esto.
Apuesta más por la colaboración con las plataformas en lugar de luchar contra ellas.
Sí, hay que colaborar. Estas intermediarias están en internet y seguirán estando. Se trata de intentar que colaboren con nosotros, pero si ellos cometen una infracción se le deberá poner una sanción, de eso no hay ninguna duda, pero se pueden establecer mecanismos de colaboración más eficaces. La coacción está muy bien, pero la coacción más colaboración aún funciona mejor.
¿Con los taxis piratas hay el mismo desbarajuste que con los expedientes turísticos?
Sí, pero es menos complicado porque al taxi pirata lo coges in situ, in fraganti, y si el cliente lo confirma, ya lo has cogido. Este verano hemos intervenido 67 vehículos.
En este ámbito, ¿también hay grupos organizados?
Sí, hay grupos de whatsapp y puedo decir que estamos trabajando en la fórmula para desarticular estos grupos. No puedo dar más detalles. Hemos llegado a final de temporada, pero ya tenemos una fórmula para atacar a los grupos de whatsapp y la Guardia Civil también colabora. Hemos hecho alguna prueba y ha funcionado y el año que viene lo intentaremos hacer por sistema.
El primer cinturón, la E10, ¿es una prioridad para este equipo de gobierno?
Debe ser prioridad para el Ayuntamiento de Vila. En estos momentos, se está adjudicando la redacción del proyecto con las modificaciones que Vila pidió en su momento. Cuando tengamos este proyecto con las modificaciones, que será el año que viene, sabremos lo que cuesta y cómo lo hacemos. Las dos fórmulas posibles son ceder la E10 y la obra la hacen ellos pagando el Consell o la hacemos nosotros y luego se cede. Pero el Ayuntamiento tiene que decir, porque aún no lo ha reclamado formalmente. Es igual que el Ayuntamiento de Santa Eulària, que quiere hacer la travesía de Ca na Negreta, que el anteproyecto ya lo preveía. Ellos [Santa Eulària] también están valorando si quieren hacer las obras ellos o quieren que lo hagamos nosotros.
Santa Eulària también pedía el desdoblamiento hasta los Cazadores.
Está contemplado en el Plan Sectorial de Carreteras. Nosotros entendemos que primero hay que acabar las obras que nos hemos encontrado y hay que potenciar el eje de Cala Llonga. Debemos evitar desdoblar más. Primero vamos a ver cómo funciona este desdoblamiento porque el miedo que tenía Santa Eulària era saber cómo funcionará desde Can Clavos hacia Santa Eulària y luego ya tomaremos las decisiones. Lo que tenemos claro es que no somos amigos de desdoblar más, en todo caso, si hubiera problemas en este tramo se debería desdoblar solo este tramo.
Cuando dice que se tiene que evitar desdoblar más, ¿se refiere a las carreteras de toda la isla?
Sí, sí de toda la isla.
¿Cómo están las obras de la variante de Ca na Negreta?
Cuando llegamos había un 27% del presupuesto ejecutado y con dos tercios del tiempo para hacer la obra, lo que significa que, básicamente, se había movido tierra. Se ha avanzado muchísimo y ahora ya se han puesto dos capas del material previo al asfaltado, para impermeabilizar y compactar el terreno. Creo que a partir de enero se podría empezar a asfaltar.
En cuanto a la travesía de Jesús, ¿quién arreglará y pagará los desperfectos?
Se ha hecho un requerimiento para que arreglen las deficiencias que han seguido saliendo o las que no se hicieron bien porque consideramos que es imputable a la empresa por una deficiente construcción, no es un problema de proyecto. Es cierto que, con buen criterio, estos arreglos se tendrán que hacer cuando la variante de Jesús esté abierta para no afectar al pueblo.
