En plena temporada y con los precios de los alquileres por las nubes, las entidades sociales se enfrentan a una situación que empeora año a año: personas con trabajo que, aún así, no pueden permitirse pagar una vivienda digna. Pisos patera, habitaciones compartidas a precios estratosféricos, alquileres de terrazas, salones, pasillos, despensas e, incluso, de minicubículos destinados a lavar la ropa, inundan el mercado de la vivienda en una isla cuyo coste de la vida no deja de subir, al contrario que los sueldos.
«En lo que va de año (de enero a junio) he atendido a 730 personas, 229 de ellas eran nuevos usuarios de Cáritas», informa Maite Barchín, trabajadora social de Cáritas. «A lo largo de todo el año pasado atendí a 833. Si extrapolamos la cifra a nivel anual, los usuarios casi se duplican», destaca la trabajadora social, que afirma que ella atiende «sobre todo a casos de familias con dificultades pero algo más asentadas» y que «la mayoría acude por problemas de vivienda».
Con un albergue (el único de la isla) gestionado por el Ajuntamiento de Ibiza con capacidad para veinte personas en el centro y diez plazas en pisos supervisados que se encuentra «desbordado», según aseguró Barchín, Cruz Roja y Cáritas se sienten «frustradas al no poder hacer nada por los usuarios que llegan con problemas de vivienda», aseguran. «Ni el Ayuntamiento ni el Consell dispone de viviendas para momentos de crisis, por lo que lo único que podemos hacer es, a nivel particular, ponerles en contacto con alguien que alquile, si sabemos de alguien», agrega Silvina Carrillos, referente de Voluntariado de Cruz Roja.
Los usuarios casi no bajan
«A lo largo del verano suele bajar el volumen de personas que viene al banco de alimentos», informa Laura Moreno, del departamento de Intervención Social e Inclusión Social de Cruz Roja. «Sin embargo, este año no se nota tanto el bajón porque hay muchos recién llegados a la isla que acuden a nuestra sede», prosigue. «Mucha gente llega a la isla y no tiene contactos, no conoce a nadie y se encuentra con esta situación de la vivienda... Sin familia ni amigos que les puedan echar una mano, las entidades sociales actuamos de red de apoyo para ellos», señala Carrillos.
Ambas entidades destacan que el perfil del usuario más recurrente es de mujeres jóvenes ( de entre 25 y 40 años) con hijos. «La gran mayoría son familias monoparentales de mujeres que no tienen apoyo. Es gente joven que tiene pleno potencial productivo y, sin embargo, muchas veces, debido a su situación irregular, no pueden trabajar. Pero también vienen muchas parejas con hijos», destaca la trabajadora social de Cáritas, quien agrega que no está de acuerdo con «la Ley de Extranjería, la cual obliga a las personas que acaban de llegar a estar tres años en situación irregular, fomentando la economía sumergida».
Otro de los principales problemas es el empadronamiento. «Alquilan las habitaciones por un dineral y no declaran nada o, por lo menos, no declaran la realidad. Por lo tanto, no permiten que la gente se empadrone en el piso, lo que imposibilita que puedan realizar trámites burocráticos como renovar la tarjeta sanitaria, beneficiarse de los descuentos de residentes o incluso inscribir a sus hijos en las escuelas. No permiten que estas personas sean ciudadanos de la isla, con todos sus derechos», añade Barchín. «Hemos tenido que ayudar incluso a gente a que se compre un coche, porque sin el certificado no les dejan acceder a la financiación. Y ya se sabe que otro de los problemas con los que se encuentran los trabajadores de la isla es la movilidad», apunta.
«El 24% de personas que habitan en Ibiza se encuentran al borde de la pobreza», afirma Aitor Morrás, segundo teniente de alcalde de Vila, en una conversación telefónica con este diario. «Los motivos son: la precariedad laboral que existe y la excepcionalidad de temporalidad. Esta situación está originada por dos causas», opinó el político de Podemos, «la desaparición del convenio de hostelería de la Ley que obligaba a los grandes hoteleros a dar alojamiento a los trabajadores y la presión de alquiler turístico que existe en el mercado de la vivienda», destaca Morrás.
«La situación social es horrible. Los precios de las habitaciones compartidas que antes eran de entre unos 400 o 500 euros ahora llegan hasta los 600 o 700 euros , y no deja de empeorar», relata el segundo alcalde de Vila, quien asegura que «tiene que haber una coresponsabilidad de todo el mundo, empezando también por las empresas y la administración, y realizarse un mapeo de la isla para saber con exactitud qué pasa con las viviendas: si están vacías o no, si se alquilan de forma vacacional, si está todo en regla, si pertenecen a grandes tenedores (en cuyo caso la Ley de Vivienda obliga a que los grandes tenedores tengan que ceder la vivienda vacía, en el caso de que las tengan)», concluye Morrás.
