«El acceso a la vivienda en Ibiza es hoy en día un lujo cada vez más inalcanzable para sus habitantes, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida». En estos términos se manifiesta el diagnóstico previo a la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) encargado por el Consell de Ibiza en torno a las dificultades de acceso a la vivienda.
El problema estriba en «el desorbitado precio», ya que los costes mensuales de una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o una hipoteca, ascienden al «82% del salario medio», lo cual, destaca, es «superior a lo aceptable». Y «con unas perspectivas de futuro no muy optimistas debido a que la presión que la actividad turística ejerce sobre el mercado inmobiliario no parece que se vaya a reducir», añade.
El diagnóstico elaborado por la empresa Cotesa apunta que, según los datos del Ministerio de Fomento, Ibiza es «la tercera ciudad de España con precio de venta más alto». «Con un salario medio de 1.380 euros, un precio medio de 3.700 euros por metro cuadrado y una superficie media de 95 metros cuadrados, el tiempo medio para pagar una vivienda es de más de 20 años de salario», indica el informe, que subraya que «la situación es de gran presión», con «importantes incrementos» en el coste de los alquileres.
El proceso migratorio está «cada vez más ligado» a las ofertas de trabajo en el sector turístico, con contrataciones de «alta estacionalidad y baja cualificación». «Estas características laborales, en un contexto de precios muy altos, generan serios problemas de acceso a un mercado residencial que está en pugna con la rentabilidad turística de cualquier alojamiento», argumenta el diagnóstico.
Las inversiones se canalizan hacia este rentable mercado tanto para los grandes compradores como para los pequeños propietarios. En Ibiza «no parecen existir problemas de escasez de suelo, ni bruto ni urbanizado», aparte de «la significativa cifra de vivienda considerada vacía». «Sin embargo, un régimen de alquiler con variaciones en su regulación y con una muy alta presión estacional distorsiona el mercado», apunta.
«El fuerte crecimiento de la comercialización de viviendas de alquiler y los nuevos sistemas de alojamientos ha alterado el sector, generando unos impactos imprevistos e incontrolados que necesitan ser regulados», recomienda. En otro punto, el documento incide en la misma cuestión al afirmar: «Los altos precios del alojamiento, hoteleros y las nuevas variantes de vivienda de alquiler han generado una tensión sobre el precio de la vivienda que no es asumible por los residentes ni por los trabajadores de temporada. Está creando situaciones muy difíciles en el mercado de la vivienda con trascendencia social».
Fuerte presión y saturación
Tal como publicó ayer este diario, el diagnóstico territorial encargado por el Consell revela que la aplicación del PTI, en vigor desde 2005, «no ha evitado el incremento de la presión sobre el suelo rústico», que, además, ha generado «una alta indisciplina urbanística».
También indica el análisis territorial que «la elevada capacidad de alojamiento de la isla», que se utiliza a pleno rendimiento sólo durante una parte del año tiene un coste: «Una saturación casi generalizada de las infraestructuras y los equipamientos, que se infrautilizan el resto del año, y una pérdida generalizada de la calidad ambiental y paisajística del territorio, así como de la calidad de vida de los ciudadanos».
