En el último pleno ordinario de este mandato, el Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer de forma definitiva, tras desestimar las alegaciones presentadas, la ampliación de la zona de protección acústica del West End a la calle del Mar, en la que se encuentran varios establecimientos de ocio y en la que esta temporada se aplicarán las mismas restricciones horarias. El equipo de gobierno recibió el apoyo de los dos concejales del PI, mientras que el grupo del PP optó por abstenerse.
De hecho, el portavoz del PP pidió infructuosamente al alcalde saliente, José Tur, Cires que este y otros dos puntos del orden del día quedaran sobre la mesa, al tratarse de cuestiones que, según dijo, debería decidir el próximo equipo de gobierno.
El concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, insistió en que, tras constatar que el ruido en esta calle supera los límites que marca la normativa, «no hay otra vía» que la de incorporarla a la zona de protección acústica. También recordó que, pese a las quejas de los empresarios de la zona, en 17 de los 27 locales que ya se han inspeccionado este año se han detectado irregularidades en el aislamiento acústico, como el mecanismo de doble puerta.
El concejal del PP Marcos Serra, que aspira a ser el próximo alcalde, insistió en que, según su criterio, «no es la medida adecuada» y que «pagan justos por pecadores». Como alternativa, Serra propuso que se dote a esta zona de «más seguridad y se cierren los negocios que no cumplan», así como que se abogue por «un cambio de modelo incentivando la apertura de nuevos comercios acompañado de una inversión pública».
Pablo Valdés, que se retira de la política, aprovechó su última intervención en el pleno para felicitar al PP por ser «justo vencedor» en las elecciones. También agradeció a los ediles populares por haber compartido con ellos esta experiencia en la política, «a pesar de la distancia ideológica y personal en algún caso» que les separa.
También aprobó el pleno, con la abstención del PP, la modificación de la ordenanza de tráfico al objeto de evitar la anulación de la peatonalización de diversas calles del centro del núcleo urbano y el West End. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó la anulación del bando municipal de mayo de 2017 que restringió la circulación en esta zona del centro.
Asimismo, el pleno aprobó el pago de algo más de 700.000 euros para saldar la deuda pendiente con la Agencia Balear del Agua (Abaqua), dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, por el anterior convenio de compra de agua desalada que se aplicó desde 2010 hasta 2015.
El alcalde, José Tur, explicó que la deuda total ascendía a 1,9 millones y que Aqualia, la concesionaria municipal del servicio del agua, aportó 1,2 millones para saldar este débito al reconocer, «tras un año de discusión», que habían «cobrado de más».
Tur explicó que el Ayuntamiento ya no tiene ninguna deuda pendiente, cuando al entrar en el gobierno ésta se situaba en 18 millones de euros. Además, destacó, había entre 13 y 14 millones pendientes de cobro (ahora hay entre tres y cuatro millones). Actualmente, hay 23 millones en caja.
