El pleno del Parlament aprobó ayer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otras medidas, prohíbe nuevos vehículos con motor diésel a partir de 2025 mientras que los ya existentes podrán seguir circulando hasta 2050.
El veto a los diésel salió así adelante a pesar de la denuncia contra esta medida ante la Comisión Europea de la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac), que contó con el apoyo de CAEB, por lo que la ley balear nace a la espera de lo que decida Bruselas.
Tras aprobarse la ley, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, afirmó en los pasillos del Parlament que cuenta con «toda la cobertura jurídica» y a partir de ahí si alguien pone algún recurso en contra defenderán la ley «donde haga falta y con todos los argumentos del mundo».
El veto a los vehículos diésel fue el punto que provocó el mayor enfrentamiento durante el debate, en especial entre el Pacto y el PP, que pedía que se suprimiera la prohibición. La ley salió adelante con los votos a favor de PSIB, Podemos y Més, mientras que los partidos de la oposición votaron en contra o se abstuvieron en los artículos en los que mantenían enmiendas, todas rechazadas, y apoyaron el resto.
La carta remitida el lunes por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, en contra de esta medida, esgrimida por la popular Tania Marí como uno de los argumentos para sustentar la posición del PP, no hizo mella en los partidos del Pacto.
La carta de Competencia
El socialista Damià Borràs reiteró el rechazo a la postura del presidente de la CNMC, del que dijo que «trabajó durante 25 años como relaciones internacionales de Cepsa», dando a entender que su opinión era interesada. Más contundente fue Carlos Saura, de Podemos, quien acusó a Marín de intentar «influir» en el Parlament, algo «inaudito en democracia», y al PP de «actuar de nuevo como mayordomos y portavoces de los lobbys».
Previamente Pons defendió esta ley «pionera» como una necesidad urgente ante el cambio climático. «El calendario establecido para aplicar medidas establece plazos factibles y ambiciosos», sostuvo Pons. Resaltó que el 35% de las emisiones de CO2 en Balears proviene del tráfico rodado, por lo que actuar en este ámbito es «clave para mitigar los efectos del cambio climático» que, según los expertos, se padecerán de manera «más virulenta» en el Mediterráneo. Por ello, criticó el «relativismo de quienes durante décadas han negado el cambio climático y ahora lo aceptan pero quieren que se haga poco a poco para mantener los beneficios de unos pocos», en referencia a PP y Ciudadanos.
La popular Tania Marí criticó al Pacto que prohíba los vehículos diésel a la vez que «mantiene el parque de coches antiguos que son responsables del 80 por ciento de las emisiones contaminantes» en las islas.
El PP la tumbará si gana
Por su parte, el presidente del PP balear, Biel Company,dejó claro en los pasillos del Parlament que tumbará la prohibición a la entrada de nuevos coches diésel a partir de 2025, si llega al Govern tras las elecciones autonómicas de mayo.
El líder del PP se pronunció así antes de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, en la que los populares apoyaron buena parte de los artículos y votaron en contra de aquellos en los que mantenían enmiendas, con la prohibición de vehículos diésel a la cabeza.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) advirtió de que más de 300.000 personas que se desplazan al año a Balears con su coche se verán afectadas. «La aprobación de la ley genera una situación inédita en Europa. Es discriminatoria», criticaron desde esta patronal.
