El Ayuntamiento de Sant Josep anunció ayer un proceso «extraordinario» de revisión «a la baja» de las tarifas del agua. El pleno aprobó, con el voto a favor del equipo de gobierno (PSOE) y Alternativa Insular (Al-In) y la abstención del PP y Guanyem, requerir a Aqualia, la empresa concesionaria del abastecimiento y saneamiento del agua en el municipio, para que en un plazo de «dos meses como máximo» entregue un estudio sobre el coste del servicio y las tarifas que corresponda abonar. Si no lo hace, el Consistorio se encargará de ello, según explicó el segundo teniente de alcalde, Ángel Guerrero.
Guerrero indicó que en 2016 se hizo la última revisión del precio del agua, que se sitúa en una media de 1,25 euros el metro cúbico, pero que ahora la situación ha cambiado y, según estima, el coste medio debería ser de 1,08 euros. «Entendemos que hay un desequilibrio económico en favor de Aqualia y que gana más dinero del que, por contrato, le corresponde», dijo.
El segundo teniente de alcalde justificó que el Ayuntamiento ha acometido en este mandato con recursos propios una inversión de «más de siete millones de euros» en la mejora de la red, con lo que se han reducido las pérdidas del agua. También ha aumentado el número de abonados, que ha pasado de 6.515 a 10.000, lo que ha supuesto un aumento del volumen de agua desalada que el Consistorio compra a Abaqua, la empresa pública de la conselleria balear de Medio Ambiente. Todo ello debe suponer una reducción del coste del agua, según remarcó Guerrero.
El concejal del PP Javier Marí calificó la propuesta aprobada de ser «un paripé» para «buscar el titular en la prensa», ya que para pedir a la empresa concesionaria que presente un estudio sobre los costes que soporta el servicio en la actualidad «no era necesario que lo aprobara el pleno». Más aún, subrayó, si el equipo de gobierno «ya dispone de la información» de que se ha reducido el coste del agua. De lo contrario, «no se habría sacado de la manga la cifra de 1,08 euros», apuntó. «Cada vez engaña a menos gente. No puede pretende que seamos unos borregos», agregó.
«Derecho humano amenazado»
El portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, también dijo que no entendía la petición del equipo de gobierno e insistió en la necesidad de que se «municipalice el servicio», ya que un recurso tan «esencial», que, además es «un derecho humano», está «amenazado» en este municipio. «Con esta concesión, sólo hay problemas. Si continúa en manos privadas, seguirán las deficiencias», recalcó.
Por su parte, el portavoz de Al-In, Vicent Torres, aparte de preguntar insistentemente si había un informe que reflejara que el coste actual del agua se debe situar en una media de 1,08 euros, destacó que «hay que mirar de bajar el precio y mejorar el servicio».
En su réplica, Guerrero señalo que es «la primera vez» que el Ayuntamiento pide a la empresa concesionaria una revisión de precio de «manera extraordinaria». Reconoció que el requerimiento a Aqualia para que presente el estudio sobre los costes que soporta, se podría hacer a través de «un oficio o un decreto», sin pasar por el pleno. Pero se ha hecho, justificó, «en aras de que todo el mundo lo pueda saber». «No buscamos titulares. No he dicho que vaya a bajar el precio», dijo Guerrero, a pesar de que en el documento con la información del pleno entregada a los medios de comunicación se especifica que la revisión será «a la baja».
El segundo teniente de alcalde explicó que el convenio con Abaqua para la compra de agua desalada, en vigor desde el año 2009, prevé un precio distinto en función del consumo. Hay dos tramos, el primero hasta 1,6 millones cúbicos al año con un precio cerrado, que baja cuando se supera, según Guerrero. «En aplicación del convenio, si antes gastábamos 1,6 millones y ahora tres millones, en números grandes el precio de compra del agua, de la diferencia del consumo de 1,6 a tres millones de metros cúbicos, es de 0,72 euros. Si se hace una media de todo, salen los 1,08 euros», indicó el segundo teniente de alcalde.
En respuesta a Guanyem, Guerrero dijo que es «muy difícil» recuperar la concesión de la gestión del agua y que todos los asesores consultados han recomendado seguir de momento con el sistema actual.
