El Govern tiene una espada de Damocles sobre sus arcas que en cualquier momento le puede ocasionar un serio revés. Es el recurso interpuesto por el Gobierno central en tiempos del PP donde le reclama la friolera de 46 millones de euros por las desaladoras de Santa Eulària (26 millones) y Ciutadella, en Menorca, cuya concesión tuvo que rescatar cuando el Govern balear no las pudo poner en marcha. En la conselleria de Medio Ambiente que gestiona el conseller Vicenç Vidal (Més) confiaban en que con el nuevo equipo del Ministerio de Transición Ecológica en manos del PSOE las cosas cambiarían y se podría conseguir un acuerdo y la retirada del recurso.
Vicenç Vidal mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y le pidió que el Ministerio retirara este recurso ante el déficit de financiación estatal en Balears. No obstante, la respuesta de Morán fue negativa y argumentó que «el proceso judicial ya está muy avanzado», según relató el conseller de Medio Ambiente.
El conflicto se remonta al momento en que el Ministerio construyó las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella mediante una concesión de explotación, que se adjudicó en 2003. No obstante, el retraso en las obras, las modificaciones y sobrecostes del proyecto, que hicieron que el Govern no quisiera hacerse cargo de ellas durante la legislatura del Govern Bauzá y con Biel Company como conseller del ramo, provocaron que los adjudicatarios exigieran en 2015 el rescate de la concesión.
El Consejo de Estado informó favorablemente en noviembre de 2015 el rescate de las desaladoras, pero ya dejó abierta la puerta a que el Estado reclamara al Govern «todo o parte» de la cuantía que abonara. Se basaba en que resultaba «bien patente» que «la causa última» que había imposibilitado la puesta en marcha de la planta de Santa Eulària, cuyas obras acabaron en noviembre de 2011, debía «imputarse a la Comunitat Autònoma», al impedir su conexión a la red de distribución alegando «razones económicas». En concreto, el Govern se negó a recepcionar la obra para no asumir ni repercutir en los recibos del agua el sobrecoste de las obras.
En 2016 el Ministerio presentó una reclamación judicial ante la Audiencia Nacional. Entendía que debía ser el Govern quien pagara los sobrecostes y el rescate de las concesiones por valor de 46 millones, generados por las dos plantas que llevaban una década terminadas y sin funcionar. De hecho, la de Santa Eulària se puso en marcha hace unos meses.
Al principio de esta legislatura, el actual Govern llegó a un acuerdo con el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que dirigía la popular Isabel García Tejerina para desbloquear la situación y utilizar las desaladoras ante la fuerte sequía. Este acuerdo contemplaba que el Govern realizaría las conexiones y el Gobierno las cedería. El Pacto, nada más llegar al poder, confió en la lealtad institucional de la ministra Tejerina de que, tras el acuerdo, no reclamaría los 46 millones. No obstante, el gobierno del PP no tuvo contemplaciones y sin más dilación interpuso la reclamación ante la Audiencia.
«Todas las de ganar»
La Abogacía de la Comunitat Autònoma contestó el recurso de Madrid y se espera que en los próximos meses la Audiencia Nacional dicte una resolución. El conseller Vicenç Vidal asegura que el Govern tiene «todas las de ganar» y que «así lo manifiestan los abogados de la Comunitat Autònoma».
El Govern argumentó en su escrito que quien adjudicó estas desaladoras fue el Ministerio y que la conselleria de Medio Ambiente sólo se comprometió a comprar agua para suministrar a la población. De igual modo, el propio Ministerio decidió modificar el proyecto, lo que supuso un sobrecoste importante, y lo hizo sin consultar al Govern. Cuando las empresas adjudicatarias pidieron que se rescatara la concesión lo hicieron reclamando al Ministerio, que las rescató, y no se dirigieron en ningún momento al Govern a reclamar.
