El pleno de Ayuntamiento de Ibiza aprobó ayer, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, una adenda del convenio marco de colaboración con el Consell relativo a la estación de autobuses ubicada en el Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (Cetis). Ese anexo permite, según explicó Elena López, edil de Urbanismo y Actividades, «subsanar una situación sobrevenida»: ha fallado la previsión del Consell de resolver la concesión del transporte público de la isla antes del 31 de diciembre de este año. El convenio original contemplaba que la institución insular se haría cargo del pago de los tres euros de entrada y salida de autobuses en esa instalación hasta el 31 de diciembre de 2018. Con el anexo, se prorroga dos años más.

El concurso «lleva retraso», admitió López. De ahí la adenda al convenio, que permite prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 el pago de cada entrada y salida de autocares en el Cetis. Àlex Minchiotti, edil del grupo popular, fue más allá. Además de que la resolución de la concesión acumula retraso, se necesitará un Plan de Transporte «que el Consell aún no tiene listo». Incluso «falta un proyecto de explotación» de las líneas de transporte. Es decir, que va para largo.

López, pese a todas esas carencias, aseguró que «la apertura de la estación de autobuses es inminente», algo que desde la oposición no se creen: «Ese anexo significa que el Cetis queda bloqueado otros dos años», subrayó Minchiotti. López replicó que, aunque la concesión se retrase y la adenda se alargue hasta esa fecha, «eso no significa que no se abra hasta 2020». «No enredemos», se quejó la concejala del equipo de gobierno, en cuyo ánimo está «desenmarañar este lío» del Cetis.

Minchiotti considera que «se intenta arreglar de esta manera una escandalosa falta de previsión». A su juicio, «en el Consell ni han debido empezar a tramitar» la concesión del transporte, de lo que culpó al alcalde, Rafa Ruiz: «Usted no pinta nada en el Consell. Lo demuestra cada día», dijo.

El edil de EPIC, Toni Villalonga, comparte con el PP que la adenda del convenio es «una subvención encubierta» («directa», en palabras del PP), que sirve para «subsanar la chapuza del Cetis». De hecho, Minchiotti considera que no pasará el cedazo de la Tesorería de la institución insular: «Informará desfavorablemente», vaticinó. Es más, aun siendo edil de Vila, Minchiotti advirtió de que «con esta adenda, se pide al Consell que cometa una presunta prevaricación».

La edil de Actividades, por el contrario, cree que el convenio «da seguridad jurídica» al Ayuntamiento y le «exime» de tener que pagar el coste de tres euros por entrada de autobuses (alrededor de un millón de euros al año, según los cálculos de Villalonga). López aseguró que el convenio tiene «los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos» de ambas instituciones.

Otro asunto que vuelve a sumar retrasos es el Parador de Ibiza. A través de una moción de control del PP se supo que Turespaña ha pedido una prórroga de tres meses para la presentación del proyecto de ejecución. Elena López admitió que la tramitan aún.

«Seguimos trabajando», respondió Montse García, responsable de Medio Ambiente de Vila, cuando desde el PP se le preguntó por el servicio municipal de agua potable y saneamiento, prorrogado desde 2010, después de que FCC Aqualia impugnase el anterior concurso. En la actualidad, el Consistorio trabaja con Abaqua (Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental) para establecer un convenio sobre el precio del agua en alta.