La defensa de José Joaquín Fernández, uno de los dos agentes de la Policía Nacional de Ibiza acusados de participar en el gran robo en el edificio del Grupo de Empresas Matutes en 2013, de cuya caja fuerte, según la acusación pública, se llevaron 2.767.000 millones de euros, reclama en su escrito de defensa que el exministro declare en el juicio en calidad de testigo.

Según el abogado de Fernández, Fernando Pamos de la Hoz, la presencia de Matutes en el juicio, para el cual aún no se ha señalado fecha, es necesaria para que «explique los pormenores sobre el origen del dinero», ya que, a su entender, «la cuantía y el origen no están nada claros». En el escrito de defensa, que pide la absolución de Fernández, no sólo se pone en duda la procedencia del dinero, sino también la actuación de la Policía Nacional, que entregó el dinero recuperado al Grupo de Empresas Matutes en lugar de consignarlo judicialmente. Por este motivo, Pamos de la Hoz pide la nulidad de las diligencias policiales realizadas por los investigadores de la comisaría de Ibiza hace cinco años.

El abogado también pone en duda en su escrito la forma en que se contó el dinero recuperado y la inspección ocular de la casa de Fernández, y como prueba de lo primero Pamos de la Hoz se refiere a «la famosa» foto que se hicieron los agentes en comisaría con parte del dinero recuperado sobre una mesa.

La Fiscalía de Ibiza acusa a este agente de encubridor. Reclama para él 21 meses de prisión, y no le exige indemnización. El principal acusado del robo, a quien se considera el único autor material del mismo, es el agente de la Policía Nacional Rafael Rodríguez -ya expulsado del cuerpo- , para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel.

Trabajo como escolta

La causa de la expulsión de Rodríguez del Cuerpo Nacional de Policía es otro de los factores a los que alude el abogado de Fernández para pedir que Abel Matutes declare como testigo en el juicio. Rodríguez fue expulsado por el Ministerio del Interior, que consideró probado que el agente fue durante años escolta personal del exministro y a quien éste, según sentencia de la Audiencia Nacional, le habría ofrecido un puesto de vigilante de seguridad en la sede de sus empresas, trabajo retribuido con 1.500 euros al mes, además del uso gratuito de una vivienda para su familia en el mismo edificio del Grupo de Empresas Matutes. La sentencia de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso que presentó Rodríguez contra la resolución del ministro del Interior que le separó del servicio al considerarle responsable de una falta muy grave, considera acreditado que el agente compatibilizó ilegalmente su trabajo en la comisaría de Ibiza con las tareas de vigilante de noche en la sede de Empresas Matutes entre 2009 y 2013. Matutes habría fichado a su antiguo escolta simulando que contrataba a la esposa de éste como limpiadora en uno de sus hoteles. La mujer, que nunca llegó a trabajar en ese establecimiento ni en la central del holding, cobraba 1.500 euros al mes además de la vivienda en la que habitaba la familia, conectada con las oficinas del grupo empresarial. El matrimonio y sus tres hijos residieron durante años en esa vivienda, hasta que el hombre fue detenido por el robo.

Según el escrito de la acusación pública, la noche del 26 de octubre de 2013, Rodríguez se aprovechó de su condición de personal de seguridad de Empresas Matutes para entrar en el edificio del grupo, en la avenida Bartomeu de Roselló, en Vila. Su intención, siempre según el Ministerio Público, era reventar la caja fuerte, para lo que había comprado por internet botellas de acetileno y oxígeno y un soplete.

A las 21.15 llegó a la segunda planta del edificio y «anuló la alarma volumétrica con un folio transparente». Después, relata la Fiscalía, usó un patio interior para acceder desde la segunda planta a la tercera, donde previamente había dejado una ventana abierta. Una vez allí, se habría dirigido al cuarto de las cajas fuertes y, de rodillas, poco a poco fue trasladando las botellas y el soplete. Sobre las 21.50 horas, detalla la Fiscalía de Ibiza, comenzó a cortar una caja fuerte de color azul de unos dos metros de altura, un metro de ancho, 50 centímetros de espesor y con puerta de acero doble hoja.

Falta un millón

De esta forma habría conseguido Rodríguez practicar un corte en el lado derecho de la caja de unos 30 por 20 centímetros, y por allí sacó 2.757.000 euros. Después escapó por el patio interior y se llevó el dinero a su domicilio, que estaba frente al edificio y pertenece al Grupo de Empresas Matutes.

Por la mañana, señala la acusación pública, distribuyó el dinero en varios lugares. En un terreno de su propiedad en Sant Llorenç puso 194.995 euros dentro de un baúl. En el maletero de su Ford Fiesta guardó 782.000 euros. El 1 de noviembre, cuando fue detenido, entregó a los agentes la primera cantidad. Cinco días después les dijo dónde estaba la segunda.

El mismo día del robo, prosigue el relato del Ministerio Público, Rodríguez llamó a Fernández, y le pidió que le ayudara a esconder el resto del botín. La acusación remarca que Fernández sabía que el dinero procedía del robo en Empresas Matutes y que, pese a esto, accedió a esconderlo. Lo ocultó en dos cajas que enterró en un solar próximo a su vivienda.

Fernández, señala el escrito de acusación, entregó a la Policía Nacional las dos cajas el 2 de noviembre. En una había 140.000 euros y en la otra 655.000.

Por tanto, resume la Fiscalía, Empresas Matutes ha recuperado 1.772.000 euros, por lo que faltan 995.000, cantidad reclamada por el perjudicado y que el ministerio público exige a Rodríguez en concepto de responsabilidad civil.