Los cambios en las declaraciones del principal acusado del robo en el Grupo Empresas Matutes complican un caso ya de por sí enrevesado. Si bien ahora, menos colaborador, niega incluso haber trabajado como vigilante en la empresa, lo cierto es que en sus dos primeras declaraciones en la comisaría, el día 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2013, Rafael Rodríguez explicó con sumo detalle cómo se apoderó del dinero -2,7 millones, según la empresa, de los que se han recuperado 1,8- y cómo consiguió las herramientas para hacerlo.
Aunque en su primera versión aseguró que lo hizo coaccionado por dos maleantes que amenazaban a sus hijos, al día siguiente se retracta y, afirmando que lo hizo él solo, exculpa a los dos delincuentes habituales a los que había señalado directamente, aprovechando que los conocía por su trabajo como policía.
A pesar de su confesión ante el juez, el instructor, José Espinosa, solicitó este verano a la defensa de Rodríguez que aportara a la causa el soplete que se usó para abrir la caja en la que se encontraba el dinero, pero Rafael Rodríguez le respondió que «no dispone ni ha dispuesto nunca del citado soplete ni sabe nada del mismo». Tras ser detenido dijo que había tirado las herramientas usadas a un contenedor de basura en la carretera de Sant Joan.
A pesar de su nueva estrategia de defensa, la versión que los policías que investigaron el caso dan parcialmente por buena, que casa con las pruebas obtenidas y en la que se basa buena parte de la investigación, es la que recoge la segunda declaración en comisaría, muy detallada y ratificada en el juzgado un día después, en la que el autor confeso cuenta dónde está parte del botín y explica que el soplete lo encargó por internet, que lo recibió por correo en Empresas Matutes en agosto y que pagó unos 250 euros.
La noche del 25 de octubre de 2013 se comete el robo. La sucesión de hechos narrados por el autor confeso se inicia sobre las 21.15 horas y dura hasta las 2.30 de la madrugada, hora en la que Rafael baja a la recepción y vuelve a conectar las cámaras y la alarma que había desconectado anteriormente. Es decir, más de cinco horas que se inician cuando, tras una ronda de vigilancia, accede a la segunda planta y anula una alarma volumétrica.
Accede de la segunda a la tercera planta, donde antes había dejado una ventana abierta, a través del patio interior y, con una cuerda, también atada previamente, iza las herramientas para forzar la caja. Luego, agachado por el pasillo «para no ser detectado por una cámara que se encuentra en la esquina» y para evitar otro sensor volumétrico «que no te detecta agachado», llega hasta un cuarto en el que hay dos cajas de seguridad.
Empieza «a cortar la caja»
A las diez de la noche empieza «a cortar la caja». Y siempre según la versión que dio el 1 de noviembre, «paró un par de veces porque hacía mucho calor e inhalaba humos y se veía obligado cada poco a parar, abrir la puerta y dejar un periodo de tiempo para descongestionar el ambiente».
A las 12.30 sigue cortando y salta la alarma antiincendios. Baja a la segunda planta por el mismo sitio por donde antes ha llegado y llega por la escalera a la recepción para atender la llamada de la empresa de seguridad. Esa llamada le advierte de que ha saltado la alarma de la segunda planta, que vaya a revisarlo y que volverán a llamarle en diez minutos, así que Rafael tiene que volver a hacer el mismo recorrido, quitar el chivato acústico de la alarma y estar de nuevo en recepción diez minutos después para decirle al responsable de la empresa de seguridad que «no pasaba nada».
Desconecta las cámaras
Y continúa la sucesión de hechos. Se dirige al cuadro de luces buscando cómo desactivar la alarma antifuego y «sin querer desconecta las cámaras de seguridad». Regresa a la tercera planta y sigue cortando la caja. Logra abrirla por fin, coge el dinero, lo mete en una maleta y lo baja a su domicilio (en la sede del grupo disponía de vivienda como parte de su pago como vigilante de seguridad, trabajo que ejercía irregularmente ya que es policía nacional; su casa comunicaba con la primera planta de las oficinas). Deja cierta cantidad en la caja «ya que aprecia que hay dinero con quemaduras» y abre algunas ventanas del edificio «para airearlo».
Realiza sus «rondas normales por todas las plantas», conecta otra vez las alarmas y ya no las desconecta hasta las 7 horas, cuando entra el primer empleado a las oficinas. A las 7.45 otro vigilante de seguridad le hace el relevo.
Asimismo, en su declaración del 1 de noviembre rectifica su primera versión, en la que decía que actuó ante las amenazas de dos delincuentes a sus hijos. Añade «que está muy arrepentido de haber involucrado a personas que nada tienen que ver». En esa misma declaración dice ser el «único autor de los hechos acontecidos», pero al mismo tiempo implica ya al segundo policía acusado del robo, José Joaquín Fernández.
Rafael afirma que José Joaquín guarda 800.000 euros del botín, y explica que le pidió a su amigo que le guardara la maleta «y que no sea curioso, que no curiosee en la bolsa porque son recuerdos de familia». El dinero, asegura Rafael, fue sacado de Empresas Matutes ya en la mañana del día 26.
Pasaba «momentos muy malos»
En la declaración judicial en la que ratifica su confesión, señala que «estaba pasando momentos muy malos y se le fue la cabeza, que está arrepentido y avergonzado» y que José Joaquín no conocía el origen del dinero. A raíz de estas primeras declaraciones del principal acusado se pudo recuperar buena parte del botín, ya que el propio Rafael dijo dónde se encontraba. Además, durante la inspección ocular de las oficinas se hallaron rastros de ADN junto a la caja y huellas en el detector de humos, que también lo implican directamente en el delito.
Posteriormente, ya el 11 de diciembre y en sede judicial, añadió que no tenía más dinero escondido y que, aunque le habían pillado intentando viajar a Barcelona estando en libertad con cargos, no pretendía huir del país.
Asuntos Internos
Sin embargo, a pesar de todas sus declaraciones iniciales, y de los resultados obtenidos a partir de ellas, el autor del robo, en una declaración manuscrita remitida a Asuntos Internos en enero con motivo del expediente sancionador que se le abrió por estar realizando actividades laborales privadas y no autorizadas, Rafael niega haber trabajado en la seguridad de Empresas Matutes, afirma que la que trabajaba allí era su esposa y que se autoinculpó de todo porque dos inspectores amenazaron con detenerla a ella y que «tenían más interés en las amenazas que vertían a mi persona que del hecho de las varias denuncias por cantidades diferentes que las empresas Matutes estaban haciendo en la comisaría».
En febrero, Asuntos Internos entrega este manuscrito al juzgado y, aunque no consta una nueva declaración judicial que contradiga la anterior y explique hasta dónde se retracta, el hecho de que ahora asegure no saber nada del soplete con el que se cometió el robo revela un cambio en su estrategia de defensa.
