La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, ha decretado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por las sociedades que explotan las discotecas Es Paradís y Privilege, Aguileal S.L. y Cafecer S.L., que acusaron a los alcaldes de Sant Antoni y Sant Josep por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y, en concreto, de «dejación intencionada» en el control de ruido de otros locales de ocio. Las discotecas querellantes confirmaron ayer que han recurrido la decisión de la jueza de Ibiza ante la Audiencia Provincial de Palma.
En las diligencias previas de este procedimiento, Josep Marí Ribas Agustinet y José Tur Cires defendieron su inocencia y aportaron documentación para mostrar las actuaciones contra los locales que incumplen las ordenanzas en el municipio.
En la querella, presentada el 26 de septiembre de 2016 en el juzgado de guardia, los denunciantes acusan a estos dos alcaldes de «permitir e incluso alentar con su actitud la eclosión y mantenimiento de una nueva oferta de ocio (hoteles-discoteca, beach-clubs...) atractiva para un determinado público objetivo porque permite disfrutar de la música a elevado volumen a todas horas del día y en espacios abiertos e, incluso, de dominio público». La querella considera que esta actuación supone una «dejación intencionada de promover la persecución de los delitos de que tengan noticia», tipificada en el artículo 408 del Código Penal.
Los argumentos
Los argumentos
Sin embargo, en el auto de sobreseimiento provisional, firmado el pasado día 20, la jueza señala que «de las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha (...) no se desprenden indicios racionales acerca de la comisión por parte de los señores Marí y Tur de ilícito alguno». La jueza recuerda que las entidades querellantes señalan, en esencia, que «los dos alcaldes querellados habían incurrido en sus respectivos casos en la comisión de un ilícito (...) al no perseguir una serie de delitos medioambientales, en su modalidad de contaminación acústica, ocurridos en los territorios de sus municipios cometidos al haberse sobrepasado en distintos locales de ocio los niveles de ruido legalmente establecidos, por lo que adjuntaron dos informes técnicos sonométricos».
«Pues bien -dice la jueza- practicadas las diligencias necesarias para la investigación de la denuncia, no hemos podido sino concluir que no existe indicio mínimamente sólido que permita la continuación del procedimiento (...) ya que no se puede extraer de la documentación obrante en autos, ni de ninguna de las otras diligencias llevadas a cabo en este procedimiento, que exista en ese caso delito medioambiental alguno que ha sido dejado de perseguir».
El auto subraya que de la práctica de sonometrías en fechas y horas puntuales «no puede traducirse que por sí sola en la afirmación de que se estén perpetrando delitos de contaminación acústica» y tampoco se puede inferir de las pruebas practicadas que «se haya producido una pasividad o falta de actuación alguna por parte de los ayuntamientos», dice la jueza.
«Poco recorrido»
«Poco recorrido»
Los dos alcaldes tuvieron que prestar declaración ante la jueza el pasado 24 de enero. A la salida del juzgado, ambos afirmaron que la demanda tendría «poco recorrido». «Esta querella no tiene sentido. El Ayuntamiento de Sant Josep, mientras yo he sido alcalde, ha hecho muchísimas actuaciones y no se nos puede acusar de no haber hecho nada contra determinados locales», dijo Agustinet. Para avalar sus declaraciones, aseguró que había aportado «más de 200 expedientes cerrados con interposición de sanciones de estos dos últimos años».
Cires, por su parte, afirmó que en sus declaraciones ante la jueza «quedó claro» el control del Ayuntamiento ante los incumplimientos de las ordenanzas. «Como alcalde, no soy tan importante como para influir en una guerra comercial entre diferentes locales de ocio. Nosotros lo que queremos es que todos los locales cumplan la ley». A su juicio, las acusaciones contra ellos «no tienen base», ya que los denunciantes pretenden trasladar a los alcaldes unos problemas que no dependen de ellos.
La denuncia de Es Paradís y Privilege alude únicamente a cuatro locales concretos, el Ushuaïa y el Blue Marlin, de Sant Josep, y el Ibiza Rocks y el Ocean Beach, de Sant Antoni.
