El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el gerente de la corporación insular, Isidor Torres, declararon ayer por la mañana en calidad de investigados ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de dos bomberos.
«Yo, ante la jueza, he defendido la postura del Consell de Formentera, pero es una evidencia que la competencia directa no la ejercía yo, [así que] cuando la magistrada me pregunta quién ejercía estas competencias dije que era la consellera de Medio Ambiente [que entonces era Silvia Tur, actual diputada en el Parlament], que era la responsable de Bomberos y Protección Civil, y la consellera de Educación y Cultura, Sonia Cardona [actualmente consellera de Participación Ciudadana], encargada de Recursos Humanos», declaró Ferrer a la salida de los juzgados, adonde acudió acompañado de su abogada, Ascensión Joaniquet.
«¿Se puede decir entonces que el presidente se lava las manos?», se preguntó Ferrer. «¡No!», se respondió a sí mismo. «Pero las cosas son así», razonó.
La comparecencia de Ferrer en los juzgados deriva de la investigación abierta por la Fiscalía de Ibiza a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dictada el pasado 20 de marzo de 2017, en la que el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante anuló la contratación de dos bomberos voluntarios y obligó a reconocer las reclamaciones del demandante, un aspirante que quedó séptimo en un bolsín de ocho personas destinado a cubrir cinco puestos de este servicio. Sin embargo, los dos aspirantes anteriores no cumplían los requisitos, ya que no tenían el carné necesario para conducir camiones de bomberos. «Pero hay un plazo de cuatro meses [posterior al concurso] para conseguir el carné C [que permite conducir camiones de bomberos], y así lo avalan los informes técnicos y jurídicos del Consell», remarcó Ferrer en la puerta de los juzgados.
Las bases del concurso
En la demanda, el magistrado del TSJB dio la razón al demandante y consideró que, a la hora de adjudicar las plazas, el Consell de Formentera «no cumplió con las propias bases del concurso, interpretando a su interés las cláusulas del mismo y paralizándolo a fin de favorecer el ingreso de ciertas personas sobre otras sin que ello se justifique de otro modo».
Ferrer, que subrayó que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 está recurrida ante el Tribunal Supremo, dijo que, tras la declaración ante la jueza, salió «tranquilo». «He respondido a todas las preguntas que me han hecho tanto la magistrada como la parte contraria [la abogada del aspirante que denuncia el posible delito de prevaricación administrativa], así que estamos tranquilos y pendientes de que se resuelva este caso definitivamente», manifestó Ferrer.
La Fiscalía está investigando si se cometió algún tipo de prevaricación relacionada con la admisión de los aspirantes a bomberos y su posterior contratación sin los requisitos obligados, así como la paralización de un nombramiento durante más de un año para poder asignarlo a uno de los candidatos que, por edad, no se podía incorporar antes.
