En el retén de la Policía Local de Sant Antoni nadie sabe cómo acabará «todo esto». De hecho, en lo único que coincide todo el mundo es en que «no tiene buena pinta». «Todo esto» es la particular guerra que tienen montada el jefe del cuerpo, Javier Verdugo, y el Ayuntamiento, con la concejal de Gobernación, Aída Alcaraz, como cabeza visible. Verdugo se ha querellado contra Alcaraz por acoso laboral y, previamente, demandó al Ayuntamiento por la contratación de Ángeles Gallardo como directora técnica de Seguridad.

Por su parte, el equipo de gobierno, que en un principio pidió a Verdugo hasta en dos ocasiones que no presentara su renuncia como jefe de la Policía Local porque contaba con él, le impuso, casi de un día para otro, la presencia en su mismo despacho de Gallardo, cuya función es la de asesorar a Alcaraz en materia policial. Verdugo, que es jefe de la Policía Local de facto desde 2004, se lo tomó como un síntoma de desconfianza. A partir de ese momento la situación se fue complicando en el retén, hasta el punto de que Verdugo acabó de baja laboral. «Ha estado ausente casi todo el año 2016», dijo el jueves el alcalde, Josep Tur, Cires. A día de hoy, el jefe policial continúa de baja.

Ahora, por si aún quedaba alguna esperanza de solucionar las cosas de una forma más civilizada, el Ayuntamiento prepara un obús, y anuncia que lo lanzará el próximo jueves en el pleno: el equipo de gobierno pedirá que el Consell Consultiu de Balears revise la asignación de la plaza de jefe de la Policía Local de Sant Antoni a Verdugo. La concejala de Gobernación explicó ayer que en noviembre o diciembre del año pasado el Ayuntamiento descubrió que un funcionario de la EBAP que fue miembro del tribunal que a finales de 2010 tenía que aprobar o rechazar la designación de Verdugo redactó un informe que afirma que el jefe de la Policía Local «no cuenta con la titulación necesaria para asumir el cargo».

Pese a este informe, criticó Alcaraz, «el Ayuntamiento de entonces [gobernado por el PP] nombró a Verdugo jefe de la Policía Local». Por este motivo, el equipo de gobierno (formado por PSOE, PI y Reinicia Sant Antoni) pedirá al Consell Consultiu que «proceda a la revisión de oficio y a declarar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo del nombramiento» de Verdugo. Además, el Ayuntamiento asegura que el jefe no ha acreditado el mínimo de créditos universitarios que se requerían para el puesto, que eran 180.

Verdugo respondió ayer que el Ayuntamiento le aceptó toda la documentación y la consideró correcta. «Si no hubiese cumplido con todo los requisitos habría sido excluido en su momento», dijo. «A mí el Ayuntamiento no me ha dicho nada de esto, no sé qué es lo que hay ahí o qué es lo que se pretende, pero yo siempre he hecho mi trabajo con la máxima ilusión y siempre he sido muy reconocido», añadió. En palabras de Verdugo, esto no es sino la prueba del acoso laboral que padece por parte de Alcaraz: «Continúan con el acoso, derribo y desprestigio hacia mi persona, no es más que otro episodio de la constante difamación que vengo sufriendo por parte del Ayuntamiento». «Si realizan una revisión de la plantilla, por qué la hacen sólo conmigo y con el segundo jefe [cuya designación también pone en tela de juicio el equipo de gobierno]?», se pregunta.

En su denuncia por acoso, Verdugo pone como ejemplo, entre otras situaciones, la presencia de Gallardo en el despacho que ocupa como jefe policial, que el Ayuntamiento no cuenta con él para tratar la creación de nuevas plazas de policía, que le ha retirado el coche oficial, y que tampoco le llamaron cuando la propia Alcaraz convocó a varias personas, entre ellas a otro concejal, al tesorero a y varios agentes, para inspeccionar un armario del retén policial en el que había sobres con dinero en efectivo procedente de decomisos policiales. Por su parte, la concejala negó estas acusaciones. «Yo no he tenido notificación oficial de ninguna denuncia, pero puedo decir que no ha existido ningún acoso ni al jefe de la Policía ni a ningún otro agente», dijo la concejala. «Él [Verdugo] cuenta con una mesa totalmente equipada en su despacho para desarrollar perfectamente sus funciones, y si alguna vez no se le ha convocado ha sido porque estaba o de baja o de vacaciones», explicó.

En cuanto a la apertura del armario en el que había dinero, Alcaraz dijo que, en una ocasión, buscando material de oficina, vio «los sobres con dinero incautado en 2013, 2014 y 2015 a vendedores ambulantes que incluso llevaban grapada la denuncia, y se comprobó que no se habían tramitado».

«Por supuesto que no intento desprestigiar a nadie, pero si me encuentro con una situación como ésta [denuncias con dinero incautado y sin tramitar] lo tengo que poner en conocimiento del secretario y del tesorero del Ayuntamiento, y por eso se les pidió que se personasen», argumentó.