La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, Carmen Torres, dictó la semana pasada auto de libertad provisional para las seis personas que fueron detenidas y encarceladas este verano por presuntos delitos de explotación sexual y trata de personas, confirmaron fuentes judiciales. La jueza los dejó en libertad a petición de la Fiscalía, que interrogó a las diez mujeres a las que, según la información policial, liberaron los agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía de las comisarías de Ibiza y Palma, y todas ellas declararon que ejercían la prostitución de forma libre y que nunca fueron obligadas ni maltratadas. En estas condiciones, señalaron fuentes judiciales, no tiene sentido mantener a los acusados en prisión provisional. No obstante, a dos de estas personas se les impuso una fianza de 5.000 euros.
El 26 de agosto, las seis personas que fueron detenidas tres días antes por la Policía Nacional en esta operación contra la explotación sexual ingresaron en prisión sin fianza acusadas de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales, y lesiones, según informaron fuentes judiciales. Los acusados, ahora ya en libertad, siguen acusados por todos estos cargos.
En su primera declaración en el juzgado, estas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad rumana menos una de las mujeres, que es uruguaya, se declararon inocentes. Otras dos personas fueros arrestadas en esta operación, una en Tarragona y otra en Calasari (Rumanía). Además, la policía de Rumanía busca a otro sospechoso.
La investigación comenzó tras la llamada de un ciudadano que alertaba de las condiciones en las que se encontraba una mujer que, según sus manifestaciones, parecía estar siendo obligada a ejercer la prostitución.
Los agentes iniciaron la investigación y localizaron a la víctima. Hicieron dos registros en un domicilio y un prostíbulo de Vila, así como en otras dos viviendas de la localidad de Calasari (Rumanía) de forma simultánea.
La investigación condujo a los agentes hasta dos hermanos de nacionalidad rumana que dirigían una organización criminal dedicada al tráfico y explotación sexual de mujeres, según la Policía.
Los hermanos tenían a sus respectivas parejas sentimentales en Rumanía y, en connivencia con las mismas, buscaban a mujeres jóvenes en su propia localidad natal (Calarasi) o las captaban a través de redes sociales, siempre según la investigación policial.
´Lover boy´
Seducían a las víctimas utilizando el método conocido como lover boy, prometiéndoles una vida en común como pareja en Ibiza. Las investigaciones permitieron a los agentes averiguar que las víctimas habían sido captadas cuando aún eran menores de edad o con los 18 años recién cumplidos, entre los estratos más desfavorecidos de la población y pertenecían, en su mayoría, a familias desestructuradas, por loque carecían de lazos familiares y afectivos.
La investigación policial llegó a la conclusión de que las víctimas eran sometidas por los tratantes a violentas agresiones físicas, humillaciones y todo tipo de vejaciones, y obligadas a abortar si se quedaban embarazadas.
Además, los detenidos utilizaban, presuntamente, plataformas móviles para ver en directo las agresiones, humillaciones y castigos físicos a los que eran sometidas las víctimas en caso de negarse a ejercer la prostitución.
Varias víctimas relataron a la Policía Nacional que la situación a la que estaban siendo sometidas era tal que hubo varios intentos de suicidio, algo que, al parecer, no han corroborado en sede judicial.
Las parejas sentimentales de los principales responsables de la organización estaban en Rumanía, donde se ocupaban, además de la captación de posibles víctimas, de recibir los beneficios obtenidos de la explotación sexual de éstas, teniendo constancia los investigadores del envío de casi 700.000 euros.
En los registros, los agentes de la Policía Nacional de Ibiza y Palma se incautaron de 21.500 euros y abundante material informático, así como otra documentación incriminatoria que aún está siendo analizada por expertos policiales.
