El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha anulado la contratación por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni de María Ángeles Gallardo como directora técnica de Seguridad y considera que todo el procedimiento se ha llevado a cabo con una manifiesta "desviación de poder" con una sola finalidad: "el nombramiento de la señora Gallardo". Y todo ello "utilizando a su antojo el procedimiento previsto".
Contra la resolución cabe recurso de apelación, pero el demandante, Javier Verdugo, jefe de la Policía Local, ha anunciado que su abogada, María Risueño, va a pedir al juzgado que dé la orden al Ayuntamiento de que suprima de forma cautelar el cargo de confianza que ocupa Gallardo .
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha emitido un breve comunicado en el que anuncia su intención de recurrir la resolución judicial porque considera que "no existe nulidad en las resoluciones impugnadas".
