La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desbarata en gran parte el intento del PP de mutilar la Ley de Costas de 1988 no solo restablece el deslinde original de la isla de Formentera, sino que también recupera la titularidad pública para las salinas de las Pitiusas, que la citada reforma legal pretendía privatizar.

En el apartado número 7 de la sentencia del alto tribunal, se afirma que es legalmente posible excluir del dominio público aquellos terrenos inundados de manera artificial «que antes de la inundación no fueran de dominio público». Sin embargo, no es viable hacerlo con los aquellos terrenos de la costa «naturalmente inundables», como sería el caso de los estanques salineros de Ibiza y Formentera, que en el deslinde original vienen recogidos como zona de dominio público, exactamente igual que si fuera la línea de costa, con la preceptiva franja de protección asociada. Se entiende por áreas naturalmente inundables los «terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua de mar», independientemente de que posteriormente se exploten por el hombre.

«La pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible», afirma la sentencia del TC, que añade que la naturaleza pública de este tipo de terrenos no puede ser discutida, puesto que viene directamente establecida por legislación europea.

El Gobierno del PP intentó que determinadas zonas del dominio público pasaran a quedar en manos de empresas privadas. El apartado 5 de la disposición transitoria primera de la frustrada reforma contemplaba que los terrenos «inundados artificial y controladamente, destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables», lo que entra en contradicción con el criterio del Tribunal Constitucional.

El PP preveía que en estas zonas privatizadas estuviera vigente la franja de protección de 100 metros y en su interior se pudieran realizar obras de «reparación, mejora, consolidación y modernización», pero «siempre que no impliquen aumento de altura, volumen ni superficie».

Actualmente, los estanques salineros son explotados por la empresa Salinera Española SA, que con la ley del PP acariciaba la idea de adueñarse de los terrenos donde se ubica esta industria. Sin embargo, deberá conformarse con seguir manteniéndolos en régimen de concesión por un periodo de 30 años.

Los grupos ecologistas ibicencos, el GEN y Amics de la Terra, ya denunciaron en su momento su rechazo a esta reforma de la Ley de Costas, puesto que representaba un «caso de connivencia incestuosa entre el poder empresarial y el poder público».

El GEN y Amics de la Terra recordaron asimismo que las salinas «fueron expropiadas al pueblo de Ibiza, pero gracias a la Ley de Costas de 1988 llegaron a ser de dominio público estatal y así, como mínimo, una parte de la explotación revertía en las arcas públicas, gracias al pago de un canon de ocupación del dominio público». «Sin embargo, ahora se dedican a usurpar bienes públicos y a regalarlos a empresarios afines al partido que gobierna». Sin embargo, Salinera Española aseguró luego que nunca ha pagado canon alguno, puesto que disfrutan de una concesión gratuita.