El Supremo confirma los 16 años de cárcel para Cardona

Cardona no solo se convierte en el primer conseller balear condenado por sentencia firme por corrupto, sino que protagoniza la pena de prisión más elevada que han dictado los tribunales en un caso de malversación de dinero público. Es, además, una de las penas elevadas impuestas a un político en España.

El político ibicenco fue el único de los acusados del llamado caso Scala, derivado de las irregularidades que se cometieron al frente de la empresa pública de promoción de los productos de Balears, que mantuvo su inocencia hasta el final. Una actitud que se enfrentaba a las acusaciones del resto de implicados en este escándalo, sobre todo de sus colaboradores más directos, como fueron Kurt Viaene o Antònia Ordinas, que afirmaron que el conseller no solo estaba enterado del saqueo del dinero público, sino que también participó en el reparto de las comisiones.

Ante el acuerdo que había alcanzado la fiscalía Anticorrupción con la mayoría de acusados, Cardona fue el único que recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. La sentencia que dictó la Audiencia de Palma le declaró culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, cohecho, prevaricación, fraude a la administración y falsedad. Por todo este rosario de delitos se le condenó a cumplir una pena de 16 años de prisión.

Inmediato ingreso en prisión

El tribunal ni siquiera esperó al resultado del recurso que anunció su abogado. Atendiendo a la posibilidad de que el político de Ibiza pudiera huir para no cumplir esta condena, se ordenó su inmediato ingreso en prisión. El tribunal atendió a la propuesta de la fiscalía por la gravedad de los hechos y la severidad de la condena. Anticorrupción consideraba que era necesario que Cardona ingresara en prisión. La opinión del tribunal coincidía. El exconseller, que llegó a ser uno de los políticos que concentró un mayor poder en Ibiza, ingresó en la cárcel.

Su única esperanza de salir libre se depositaba en el recurso que elaboró su abogado para convencer al Supremo de que la sentencia condenatoria debía anularse. La defensa planteó hasta doce motivos distintos para conseguir la absolución de su cliente. Entre otras cuestiones denunció que la condena se basaba, sobre todo, en el testimonio de los otros coimputados, cuya declaración estaba viciada por el acuerdo que habían alcanzado con anterioridad con la fiscalía Anticorrupción. También denunciaba la indefensión que había sufrido el exconseller al afrontar un juicio con esta situación en contra y, además, entendía la defensa que las penas que había fijado la sentencia no eran proporcionadas.

Sin embargo, ni uno solo de los argumentos de la defensa ha sido lo suficientemente contundentes para convencer al Tribunal Supremo. La Sala señala la gravedad de los hechos que se perpetraron en la conselleria de Comercio y entiende que la pena de prisión impuesta a Cardona es la que se merece. Esta sentencia ratifica que la conselleria de Comercio montó un sistema por el que se desviaron hasta cinco millones de euros a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Balears (Cdeib).

Una trama que consistía en otorgar los proyectos de promoción que se organizaban siempre a las mismas sociedades y a los mismos empresarios, a cambio del pago de comisiones para los gestores de la empresa pública. Estas comisiones las recibía Antònia Ordinas, exgerente del Cdeib, y Kurt Viaene, exdirector general de Promoción Industrial. En este reparto también entraba el exconseller ibicenco José Juan Cardona, que siempre ha negado que hubiera cobrado comisiones, como así lo afirmaron sus dos colaboradores directos, Viaene y Ordinas.